Niegan que el traslado de la fiscal Angélica Monsalve sea por una presión indebida

La Fiscalía General de la Nación aseguró que la orden de traslado de Bogotá al departamento del Putumayo de la fiscal seccional Angélica Monsalve Gaviria,  hace parte de los cambios estratégicos realizados durante los dos últimos años de la administración del jefe de este organismo Francisco Barbosa Delgado.

De acuerdo con los investigadores,  este tipo de decisiones no obedecen a ningún tipo de retaliación o presión indebida contra la funcionaria por las acciones adoptadas en el marco de sus funciones.

Esta respuesta fue emitida al negar que el traslado de la servidora judicial esté relacionado con la decisión de imputarle cargos al exconcejal de Bogotá Felipe Ríos Londoño y otros dos miembros de su familia por la supuesta comisión en delitos como violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

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Igualmente, por este caso aparecen investigados Carlos Mario Ríos Velilla y Javier Francisco Ríos Velilla,  al advertirse que supuestamente por medio de una compañía habrían obtenido una concesión  para efectuar el recaudo del sistema TransMilenio.

También indicaron en la Fiscalía que dicho traslado se suma a los más de 3 mil movimientos de funcionarios que se han realizado durante la gestión de Barbosa Delgado, los cuales han sido ordenados en atención a la necesidad de prestar un mejor servicio a los usuarios.

Por el contrario de lo manifestado por personas cercanas a este proceso, la Fiscalía General hizo un llamado a entender que el papel que juega este organismo de investigación a la hora de  administrar justicia debe cumplirse con mayor rigor en todas las regiones del país y lugares de Colombia.

Así mismo, insistieron que los fiscales son autónomos en sus decisiones y el jefe del organismo acusador Francisco Barbosa no interviene en las investigaciones de sus funcionarios.

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La Fiscalía General añadió que entiende la relevancia del proceso y explicó que el expediente contra los miembros de la familia Ríos fue reasignado a la Unidad Nacional Anticorrupción.

De manera preliminar,  el caso será revisado por ocho fiscales especializados y se mantendría la imputación de cargos para el próximo 25 de abril.