Niegan solicitud de libertad del exsenador Álvaro García Romero por la masacre de Macayepo
El exsenador Álvaro García Romero buscaba obtener la libertad condicional tras cumplir varios años detenido.

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad a Álvaro García Romero, por los casos de desplazamiento forzado que terminaron en la masacre de Macayepo (Bolívar).
La Sala Especial de Primera Instancia de ese tribunal rechazó la nueva solicitud de libertad presentada por el exsenador, quien buscaba obtener la libertad condicional tras cumplir varios años de detención.
García Romero, quien ya había sido sentenciado por su vinculación con este crimen, argumentó que debía ser liberado tras haber cumplido el tiempo mínimo que corresponderle a la pena por el delito de desplazamiento forzado.
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El abogado del excongresista argumentó que García llevaba varios años detenido, por lo que se consideraba que ya había cumplido la pena mínima.
Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema llegaron a una conclusión diferente. Tras revisar los detalles del caso y analizar el tiempo que podría implicar la pena de prisión de García Romero, la corte determinó que en caso de ser condenado, la sentencia mínima sería de 12 años y la máxima podría alcanzar los 20 años de cárcel.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que el exsenador había sido detenido nuevamente el 16 de julio de 2024 por este proceso, la solicitud de libertad condicional fue desestimada.
La Corte Suprema indicó que el tiempo de detención preventiva de García Romero no es suficiente para cumplir con los requisitos necesarios, para la concesión de la libertad provisional.
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Según el fallo, “no resulta procedente otorgarle a García Romero la libertad provisional, ya que no ha sufrido en detención preventiva un tiempo igual al que merecería como pena privativa de libertad por la conducta punible que se le endilga”.
Además, la Sala recordó al exsenador que aunque su defensa presentó varias declaraciones de testigos que lo exculpaban, estas no eran suficientes para fundamentar una solicitud de libertad.
La Corte Suprema de Justicia resaltó que la etapa de juicio y la práctica de pruebas aún no habían finalizado, por lo que no era posible tomar decisiones basadas en los testimonios presentados.