Ordenan detención domiciliaria a policías que interceptaron al ‘Ñeñe’ Hernández

Por la gravedad de los hechos por los que son investigados, el juez 62 con función de control de garantías le impuso detención domiciliaria al mayor Jeferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velázquez, quienes adelantaron las interceptaciones telefónicas al ganadero José Guillermo 'Ñeñe' Hernández. 

Los policías son procesados por presuntamente haber participado en la interceptación ilegal de las líneas telefónicas de cinco de sus compañeros de la Institución de manera irregular dentro de la investigación que se adelantaba contra Hernández por un homicidio.

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El juez determinó que es una falta de respeto con las víctimas y su intimidad, indicando que se afectaron los derechos de las víctimas que habrían sido perseguidos con traslados sorpresivos, los cuales que generaron desarraigo.

En su intervención señaló que hubo amenazas, maltrato y que existe riesgo que este tipo de hechos se repitan en las instalaciones de la Dijin de la Policía, hecho por el cual le notificará al director general de la Policía, general Oscar Atehortúa Duque, para que proteja a las víctimas reconocidas. 

El juez afirmó que podría registrarse una obstrucción de la administración de justicia. 

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"Se incurren en varios delitos con la finalidad de conseguir su cometido, demuestra esa falta de respeto hacia las leyes, el derecho de las personas a la intimidad y hacia la autoridad al engañar a la Fiscal", precisó el funcionario judicial.

En su intervención señaló que hubo amenazas, maltrato y que existe riesgo que este tipo de hechos se repitan en las instalaciones de la Dijin de la Policía, hecho por el cual le notificará al director general de la Policía, general Oscar Atehortúa Duque, para que proteja a las víctimas reconocidas. 

"Cuando las personas demuestran que no tienen escrúpulos, es muy probable que reiteren esos comportamientos e incluso por circunstancias diferentes donde eventualmente, puedan obtener algún tipo de beneficio, por lo que hay lugar para imponer una medida de aseguramiento", indicó. 

En su extensa intervención señaló que "las víctimas fueron objeto de represalias de tipo laboral, a Luis Calderón lo trasladan hacia el departamento del Cesar al igual que al teniente Pedro Cita, esto por las gestiones que estaban haciendo en la Procuraduría; a los demás los trasladan de grupos o dependencias o entidades". 

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Según afirmó, los traslados aparentemente ocurrieron porque el mayor Tocarruncho, solicitó y gestionó los movimientos en ese grupo. 

Al mismo tiempo, señaló que si no se toman medidas las víctimas podrían continuar siendo afectados por este tipo de hechos. 

La Fiscalía General les imputó los delitos de violación ilícita de comunicaciones en concurso heterogéneo con utilización ilícita de redes y comunicaciones, falsedad ideológica de documento público y fraude procesal, sin embargo, los uniformados se declararon inocentes.