Policías exigían sumas de dinero para no forzar retiro de compañero diagnosticado con narcolepsia

En 2013, la intendente Luzaida Sierra Rivera y la patrullera Karen Elisa Borja Rojas contactaron a la esposa de uno de sus compañeros para exigirle una alta suma de dinero con el fin de no provocar su retiro de la Policía.

La presión surgió después que las policías se enteraran que el patrullero había sido reubicado en 2010 tras ser diagnosticado con narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia constante durante el día y ataques repentinos de sueño.

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Tras quejarse de su condición y reclamar que no estaba habilitado para cumplir con las funciones, las uniformadas contactaron a la esposa del patrullero para hacerle exigencias económicas con el fin que no perdiera su cargo en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) en la estación de San Francisco en Cali.

Con el pasar de los días, la intendente y la patrullera aumentaron las exigencias de dinero y le pedían pasajes aéreos, vales de gasolina para tanquear sus vehículos, así como la financiación de fiestas y regalos.

Todo empeoró cuando conocieron que la hija del patrullero estaba haciendo curso para ingresar a la Policía. En ese momento le empezaron a pedir 90 mil pesos mensuales a cambio de un curso de inducción en la Institución.

Para garantizar el pago oportuno, la intendente se apoderó de la tarjeta de la cuenta de ahorros de la esposa del patrullero, con la que hizo dos retiros: el 29 de julio de 2013 por 400.000 pesos y el segundo, el 4 de agosto de 2013 por $200.000. 

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Cansada de la exigencia de dinero la mujer decidió denunciar a las dos uniformadas ante las respectivas autoridades. La Fiscalía General les abrió un proceso por el delito de concusión (exigencia de sobornos) y amenazas a testigos.

Tras varios años de juicio, un juez de conocimiento de Cali condenó a las dos uniformadas a ocho años de prisión por el delito de concusión. Igualmente, se les impuso el pago de una multa de 66.66 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 6 años y medio.