Por daño a recursos públicos Contraloría imputó responsabilidad fiscal a exgobernador del Casanare

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos del departamento de Casanare, con ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, en el municipio de Yopal (Casanare). 

Según el organismo, la apertura del proceso verbal y la imputación a título de culpa grave involucra a:   

*Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, quien se desempeñó como Gobernador del departamento de Casanare desde el primero de enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011 

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*Iader Wilhelm Barrios Hernández, en su calidad de cogestor del convenio y constructor del proyecto. 

*Rodrigo Flechas Ramírez, director de contratación del departamento de Casanare y delegado para contratar.  

*Cooperativa de egresados de la Usco y Profesionales del Sur de Colombia “creer en lo nuestro”, hoy Cooperativa de Profesionales de Colombia, que ejerció la Interventoría para el período que va del siete de enero de 2011 al cuatro de agosto de 2012. 

*Diseño Arquitectura y Construcción Diarco Ltda, hoy Diseño Arquitectura y Construcción Diarco S.A.S., Supervisor entre el 24 de agosto de 2011 al siete de junio de 2012.  

*Julián Javier Daza López, interventor entre el 28 de mayo de 2013 al 28 de agosto de 2017. 

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*A los asesores y supervisores: Jenny Consuelo Barrera Roldán; Renso Daniel Huesa Sana; Narda Consuelo Perilla Alonso y Sandra Lorena Cruz Quintero 

*Rubiel Elías Vargas Pinto, jefe de la oficina asesora de planeación del municipio de Yopal, Casanare, para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quien aprobó la licencia de construcción y urbanismo.  

*Lucía Gaona Martínez, jefe de la oficina de planeación del municipio de Yopal Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, quien aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo.  

*A los gerentes del Instituto De Vivienda Urbana y Rural De Yopal (Idury): Alexander Cortés Medina; Rafael Nayib Fonseca Saad y Didier Mauricio Montoya Campos.  

El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de siete prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.  

Durante la vigencia del convenio se suscribieron cinco actas de suspensión de las cuales la suspensión tuvo cinco ampliaciones y la quinta fue objeto de ocho ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.  

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De acuerdo con la Contraloría, “el valor total del convenio de cogestión ascendió a $15.798.033.231. Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del cogestor Iader Wilhelm Barrios Hernández, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales”.  

“Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra”, concluyó el organismo de control.