Por escándalo del Pozo de la Dicha judicializan a tres abogados

Luego de algo más de cinco audiencias de control de garantías frustradas por presuntas excusas y diversos recursos presentados por la defensa, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres abogados investigados por su presunta vinculación al entramado ilegal en el que fueron presentadas y falladas irregularmente tutelas que afectaron el presupuesto de Ecopetrol en $137.475’480.065. 

Durante las audiencias concentradas que se cumplieron en Bogotá, el fiscal del caso imputó a José Trinidad Minota Quintero, Asael Argüello Cortés y Jorge Luis Horta Orozco por los delitos de prevaricato en calidad de determinadores, peculado como intervinientes y concierto para delinquir. 

Al término de las diligencias, el juez de control de garantías impuso a los tres abogados medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario e hizo un llamado atención a los procesados y sus defensores por las maniobras dilatorias utilizadas para evitar que se cumplieran las audiencias, como recusaciones infundadas, acciones de tutela contra los funcionarios judiciales encargados del proceso, entre otras. 

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En este caso de corrupción, conocido como Pozo de la Dicha, la Fiscalía demostró que durante los años 2010 y 2011, la Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta, integrada por los magistrados Félix María Galvis Ramírez y Fernando Castañeda Cantillo, concedió pagos por conceptos laborales a través de tutelas falladas de forma contraria a la ley, que luego fueron revocadas por la Corte Constitucional en el año 2012.

En las investigaciones la Fiscalía constató que fueron concedidas 18 tutelas a favor de 580 accionantes, luego de supuestas concertaciones con jueces y abogados litigantes. Por estos hechos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los dos exmagistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta. 

Fernando Castañeda Cantillo recibió una pena de 21 años, 9 meses y 21 días de prisión; mientras que Félix María Galvis Ramírez fue sentenciado a 22 años, 8 meses y 2 días de cárcel. El fallo declaró a los exmagistrados culpables de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.