Por falta de pruebas, MinDefensa no podrá recuperar reparación a soldado herido en servicio

Por no entregar pruebas de la manera como un soldado bachiller resultó herido con un fusil, por uno de sus compañeros, el Ministerio de Defensa no podrá recuperar 87 millones de pesos que tuvo que pagarle a la familia del efectivo para reparar los daños.

Así lo determinó el Consejo de Estado, al negar una demanda que presentó el Ministerio, con la cual pretendía recuperar los millones que entregó como reparación y que el soldado responsable de causar las lesiones, asumiera dichos costos.

Según la demanda que presentó el Ministerio, las lesiones al soldado ocurrieron tras una discusión entre uniformados. Uno de ellos activó su arma de dotación y le disparó en la pierna izquierda, dejándolo con una disminución de su capacidad laboral.

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Por esos hechos, que ocurrieron en 2001, el Ministerio fue condenado a pagarle al soldado herido más de 87 millones de pesos y con la demanda pretendían recuperar esos dineros.

El caso llegó al Tribunal Administrativo del Tolima, que negó el recurso presentado por el Ministerio, porque no se probó que el soldado que disparó lo hubiera hecho dolosamente, es decir, sin culpa o sin querer hacerlo.

En ese fallo se dijo que no hubo vigilancia sobre los soldados regulares que estaban prestando el servicio, tampoco se investigó disciplinariamente al uniformado que disparó.

“Tanto el victimario como la víctima tenían en ese entonces la calidad de soldados regulares, lo cual deja en evidencia las omisiones al deber de custodia, vigilancia, orientación y seguimiento frente a los uniformados conscriptos en los que incurrió la demandante”, advirtió la sentencia.

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El Consejo de Estado estudió el caso y dejó en firme la decisión del Tribunal, además cuestionó que no se presentaron pruebas sobre los hechos.

“No se expusieron elementos que probaran la manera como se produjo la herida, por cuanto no es posible determinar probatoriamente si fue un accidente, si hubo negligencia o si fue un acto violento (…) ello indica que no está acreditada la acción u omisión dolosa o gravemente culposa del demandado, que lo obligue a asumir los costos de la condena al Estado”, advirtió el alto tribunal.