Proceso judicial de Richard Aguilar, por corrupción en el PAE, saldría de la Corte Suprema

El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del exgobernador y exsenador Richard Aguilar, pidió a la Corte Suprema de Justicia ‘echar para atrás’ todo el proceso que hasta el momento se adelanta por presuntos actos de corrupción en contratos del PAE, cuando Aguilar se desempeñó como gobernador de Santander.

Cancino explicó que dado a que Aguilar renunció a su fuero constitucional de senador, vuelve a regir su fuero de gobernador y el caso tendría que salir de la Corte Suprema y pasar a un tribunal, con el fin de que se adelante una imputación de cargos contra su cliente.

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“La indagatoria realizada no comunica hipótesis fácticas con relevancia jurídica, (…) la Ley 600 no lo exige, pero al exigirse a la Ley 906 no hay otra forma de reparar ese daño sino retrotraer a la imputación porque esto no se puede corregir en el escrito de acusación, porque no son sistemas correlativos”, explicó el abogado en plena audiencia.

El abogado dijo que una audiencia de indagatoria no se puede equiparar a una diligencia de imputación de cargos ante un juez natural que, según el abogado, sería un magistrado de tribunal y no la Corte.

Los argumentos del abogado son parecidos a los que entregó el expresidente Álvaro Uribe, en su proceso por presunta manipulación de testigos, quien, al renunciar a su curul en el Congreso, el proceso en su contra salió de la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía General de la Nación.

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Aguilar se encuentra detenido como presunto responsable de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se indica que mientras Aguilar estuvo como gobernador de Santander, “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”.

Como contraprestación de esas adjudicaciones, supuestamente ellos se comprometían a devolver el 10% de cada obra. Según la Fiscalía, hubo irregularidades en al menos seis contratos, entre ellos el reforzamiento estructural del estadio de futbol y adecuación de piscina y del Coliseo Vicente Días Romero; mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético, y contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE).