Procuraduría abre investigación formal a ocho congresistas por corrupción

La Procuraduría abrió investigación formal disciplinaria contra seis senadores y dos representantes a la Cámara por hechos de corrupción relacionados con el ‘cartel de la toga’, el caso Odebrecht y desvío de dineros para financiamiento de campañas.

‘Cartel de la toga’

Hernán Francisco Andrade, por su presunta participación en una red de la que harían parte los abogados Luis Gustavo Moreno y su socio Luis Pinilla para manipular procesos en la Corte Suprema de Justicia.

Álvaro Antonio Ashton, por el presunto pago de una millonaria suma, al parecer, destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia.

Musa Besaile, por el presunto acuerdo o negociación con el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para el pago de una millonaria suma que evitaría que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura en su contra.

Odebrecht

Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, por la presunta recepción de dineros por parte de Odebrecht para la adjudicación de proyectos, y por su gestión para la consecución de recursos de financiación en el tramo Ocaña – Gamarra (Otrosí No. 6 Concesión Ruta del Sol II), la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto lobby ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera.

Plinio Olano Becerra y el representante a la Cámara Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, por presuntamente haber recibido dineros de parte de la firma Odebrecht para la adjudicación en 2012 de proyectos que beneficiarían a la multinacional, como la Concesión Ruta del Sol II.

Otros casos de corrupción

Yamina Pestana, por el presunto financiamiento de su campaña política al Congreso 2014 – 2018 con dineros de la EPS Indígenas Manexka.

Se investiga un presunto saqueo que supera los $7.000 millones con recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas quienes seguirían recibiendo servicios, además de un supuesto cartel de cirugías.

Tatiana Cabello Flórez, por el presunto cobro a miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo – UTL-, y por la presunta recepción de dinero a cambio de “engavetar” un proyecto de ley para demorar el trámite legislativo de la iniciativa que introducía cambios en las evaluaciones sicológicas para los empleados de las empresas de vigilancia del país.

El procurador general, Fernando Carrillo, dijo que se ordenó la recolección de pruebas, testimonios y visitas a los expedientes que adelantan la Comisión de Investigación y Acusación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Y aclaró que los senadores y representantes contra quienes se abrió investigación podrán solicitar ser escuchados en versión libre y espontánea.