Procuraduría confirmó suspensión de Ronald Housni Jaller, exgobernador de San Andrés

La Procuraduría asegura que organización subcontrató el objeto del contrato, lo que demostraría que esta carecía de la idoneidad técnica y administrativa para ejecutarlo.

El ente de control manifestó que de esta forma se habría violado el artículo 355 de la Constitución Política y el inciso tercero del artículo 1.º del Decreto 777 de 1992 que define como reconocida idoneidad “la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato.(…)”.

Este no es el único problema que afronta con la justicia. Cabe recordar que Housni Jaller llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó su responsabilidad en hechos de corrupción durante su gestión en la isla.

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En dicha declaración, el exgobernador aceptó ser parte de un grupo de contratistas y funcionarios que se habrían puesto de acuerdo en desviar recursos públicos para su beneficio personal.

El exgobernador aceptó que en el 2015 concertó con otras personas para “cometer delitos contra la administración pública”. El pacto era que una vez elegido como gobernador adjudicaría y adicionaría contratos a dedo a los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez y Mauricio Botero, a cambio de recibir el 10% del valor de cada contrato para compartirlo con su hermano Jack Housni Jaller.

Por esto hechos, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia condenatoria de 7,5 años de prisión por su responsabilidad en un delito de concierto para delinquir agravado, coautor de seis delitos de interés indebido e la celebración de contratos, coautor de un delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautor de siete cohechos propios en concurso homogéneo y peculado por apropiación.