Procuraduría formuló cargos a una exalcaldesa por negar beneficio académico a estudiante

La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra la exalcaldesa de Apulo, Cundinamarca, Maribel Rocío Hernández Vanegas, acusándola de violar presuntamente el debido proceso y de no respetar el derecho de un estudiante a postularse para un estímulo académico en el segundo semestre de 2020.

La investigación surgió después de que se revelara que el estudiante en cuestión había sido beneficiario de este estímulo durante el primer semestre de 2020, así como en los dos semestres del año 2021.

Sin embargo, su postulación para el segundo semestre de 2020 fue rechazada por la administración de Hernández Vanegas, debido a que el joven presentó su solicitud a través de un correo electrónico diferente al especificado en la convocatoria.

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Según la Procuraduría, este rechazo se basó en un tecnicismo que, además de no estar explícito en los términos de la convocatoria, no respetó los principios básicos de equidad y transparencia que rigen los procesos de selección para beneficios académicos. Durante la investigación, se determinó que en ninguna parte de la convocatoria ni en los medios de difusión se mencionó que la postulación debía hacerse exclusivamente desde un correo institucional. 

El hecho de que el estudiante utilizara un canal oficial de la alcaldía para enviar su solicitud se consideró, por parte de la Procuraduría, un medio válido y adecuado para dicha postulación. Este argumento debilitó la justificación dada por la administración de Hernández Vanegas para rechazar la solicitud del estudiante.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Girardot, en ejercicio de sus facultades legales, formuló formalmente los cargos contra Maribel Rocío Hernández Vanegas, por haber incumplido su deber de gestionar adecuadamente la solicitud del estudiante.

Finalmente, el ente de control indicó que este incumplimiento, según la Procuraduría, podría constituir una falta disciplinaria grave, pues no sólo se desconocieron los derechos del estudiante, sino que también se ignoraron los principios fundamentales del debido proceso administrativo.