Procuraduría investigará a exalcalde en Sucre por irregularidades en millonario contrato
La Procuraduría señala que el exalcalde habría incurrido en omisiones en un contrato por más de $2.500 millones.
El exalcalde de Caimito, Sucre, Víctor Miguel Ricardo Vega, y el exsecretario de Planeación, Kevin Ricardo Caly, son investigados por la Procuraduría General de la Nación. El ente de control le formuló un pliego de cargos contra el exalcalde por presuntas omisiones relacionadas con un contrato de construcción de obras complementarias para el puente militar en La Solera, valuado en más de $2.500 millones.
El contrato en cuestión fue suscrito tras la declaración de calamidad pública por el riesgo de Hidroituango, en respuesta a la contingencia generada por el prolongado verano y la sequía. La urgencia de mejorar las comunicaciones viales y el mantenimiento de pozos de agua potable en la zona motivó la realización de estas obras.
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Sin embargo, la ejecución del contrato y su interventoría fueron suspendidas el 3 de junio de 2019, con apenas un 18% de avance, a pesar de que la obra debía estar finalizada según lo acordado para ese momento. La Procuraduría encontró irregularidades significativas, destacando que los recursos girados como anticipo fueron utilizados casi en su totalidad, sin que exista una correspondencia clara entre el gasto realizado y el trabajo ejecutado.
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La investigación también reveló que el contrato bilateral nunca fue concluido y que tanto el exalcalde como su secretario de Planeación y supervisor de la obra no realizaron las gestiones necesarias para recuperar los fondos públicos invertidos en el anticipo ni para reactivar la construcción.
Finalmente, el ente de control señaló que las conductas de los investigados fueron preliminarmente calificadas como faltas gravísimas a título de culpa grave. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Sincelejo está a cargo del caso y continúa recabando pruebas para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la adecuada gestión de los recursos públicos en la ejecución de obras de infraestructura, especialmente en situaciones de emergencia como la que motivó la firma de este contrato.