Procuraduría pide aval a Corte Suprema para extraditar a colombo-venezolano señalado de asesinar a policía en Chile
Se destaca que los hechos materia de investigación no son considerados como un delito político ni en Chile, ni en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia dar luz verde a la extradición del ciudadano colombo-venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, quien es requerido por el gobierno de Chile por su presunta participación en el homicidio de un oficial de la Policía de Carabineros, durante hechos ocurridos el pasado 10 de abril, en Santiago.
Para la Procuraduría delegada la documentación aportada por el gobierno chileno goza de plena validez formal y por ello, se cumplen con las exigencias requeridas en la ley colombiana y del tratado de extradición suscrito entre los dos países.
“Existe equivalencia entre el pronunciamiento judicial emitido por las autoridades chilenas y nuestro ordenamiento legal, pues ese documento contiene los cargos realizados por el Juez Sexto de Garantía de Santiago, el cual responde al escrito de acusación de nuestra legislación penal”, indicó la Procuraduría.
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Para el ministerio público esta solicitud de extradición respeta el principio de doble incriminación, pues los hechos por los cuales es solicitado tienen su equivalente en el Código Penal Colombiano, que para este caso son el homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
De igual forma, se destaca que los hechos materia de investigación no son considerados como un delito político ni en Chile, ni en Colombia y ello es clave dentro de los parámetros fijados en el en el tratado firmado por los dos países.
El procurador delegado precisó que en caso de que la Corte Suprema de Justicia emita un concepto favorable, deberá exhortar al Gobierno Nacional para que advierta al Gobierno chileno que Orozco Castillo no sea juzgado en este caso por hechos distintos a los que originaron la petición de extradición.
Tampoco se le deberá imponer la pena capital o perpetua y resulta necesario que se le ofrezcan posibilidades para tener contacto regular con sus familiares.
Así mismo, la Procuraduría dejó claro en su concepto que se le debe tener en cuenta a Orozco Castillo como parte de la pena el tiempo que haya estado privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.