Procuraduría pide a la Corte trasladar proceso contra Álvaro Uribe a la Fiscalía

La Procuraduría General de la Nación hizo una petición formal a la Corte Suprema de Justicia para que envié a la Fiscalía el expediente contra el exsenador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Lo que explica la Procuraduría, es que el Alto Tribunal perdió competencia para avanzar en las investigaciones contra Uribe dado a que él renunció a su fuero de congresista.

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos”, señaló la Procuraduría en su petición a la Corte.

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Para la Procuraduría, los delitos por los cuales es investigado Uribe son delitos comunes. “Para el ente de control con la renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista”, sostiene.

Precisamente, Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunirá este jueves para definir si envía o no ese proceso a la Fiscalía.

Al respecto, la defensa del senador Iván Cepeda, quien es considerado como víctima en ese proceso ha dicho que la Corte sí tendría competencia para seguir investigando a Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal.

El argumento de la defensa de Cepeda es que los hechos por los cuales Uribe es investigado tendrían relación con su labor en el Congreso.

La solicitud de la defensa dice que los inicios del proceso se desprenden de un debate de control político en el Congreso desarrollado en el 2014 por el senador Cepeda sobre el paramilitarismo “en el cual él (Uribe) intervino en forma extensa anunciando que iría, en ese mismo momento, a presentar “pruebas” en mi contra (Cepeda) ante la Corte Suprema de Justicia”.

La Procuraduría hizo un llamado a respetar las decisiones de la justicia.

“Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”, dijo.