Procuraduría pone la lupa a 52 contratos regionales de financiadores de campañas

Según el informe revelado por la Procuraduría General de la Nación en tres gobernaciones y 15 alcaldías, se entregaron a 18 financiadores de sus campañas políticas, contratos por cerca de $6.000 millones.

Esta situación se presentó, pese a estar inhabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido.

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El reporte del Ministerio Público señala que “los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”.

El análisis de la Procuraduría se desarrolló, teniendo en cuenta "contratos celebrados con financiadores de campañas de 2015, 2018 y 2019, lo que le permitió focalizarse en los aportantes de 2019 que superaron el tope del 2%, por estar actualmente inhabilitados para suscribir esos contratos".

Según el Ministerio Público, “una vez obtenida esta información clasificamos los aportantes/contratistas de acuerdo con la gobernación, alcaldía y sus entidades descentralizadas y nos focalizamos en los financiadores de campañas en 2019, puesto que son los que actualmente están inhabilitados para contratar en aquellas entidades territoriales”.

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El informe da cuenta de que, "de 172.000 contratos de 2020 publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), en los que intervinieron 23.207 aportantes a las campañas electorales de 2015, 2018 y 2019, el Ministerio Público focalizó su vigilancia en 120 en los que participan financiadores de las campañas territoriales de 2019".

“Este segundo paso nos arrojó un universo de 120 contratos por un monto que asciende a $45.909 millones y una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de 620 millones a 18 candidatos elegidos (tres gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de 5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”, se indica en el reporte del organismo de control.

También se estableció que los 52 contratos "suman $5.831,6 millones de pesos, lo que representa un retorno del 939,5% frente a los $620,74 millones que entregaron los financiadores en 2019".

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Detalle

El reporte de la Procuraduría revela que las 20 entidades públicas que celebraron contratos con financiadores presuntamente inhabilitados, son entre otras, "las gobernaciones de Vichada, que suscribió uno con Jorge Eliezer Forero Gaitán, por $1.714 millones; la de Atlántico, que firmó dos con la firma Tasset S.A.S. por $1.074 millones, y la de Boyacá, que lo hizo a través del Instituto de Tránsito de Boyacá con Cayo Nixon Rincón Velandia (Transporte Los Muiscas S.A.), por $24 millones".

Por su parte, en el reporte figuran alcaldías como la ESE Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita, del municipio de Itagui, Antioquia, que firmó nueve contratos, por $1.053,8 millones con Ascolsa.

También está, la ESE Hospital Divino Niño de Buga, Valle, que suscribió cuatro negocios jurídicos con Orthox Servicios Médicos, por $689,57 millones. Así mismo, se revisaron las alcaldías de Puerto Rico, Caquetá, que firmó cuatro contratos con Nubia López Torres (Fundación Un Mañana Mejor) por $495,3 millones, y la de Argelia, Antioquia, con cinco contratos con Carlos Alberto Arcila (Granera Carlos y Oliva), por $293,25 millones.

En el reporte también se evidencia que la administración de Piamonte, Cauca, suscribió cuatro contratos con Manuel Antonio Gutiérrez Ramos, por $172,3 millones. 

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En el caso de la Alcaldía de Pueblo Bello, Cesar, se conoció que adelantó un contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Martha, por $93,5 millones.

También, la de Támesis, Antioquia, suscribió dos contratos con Juan Carlos Coronado Cardona (Granero La Prendería), por $63,11 millones, y la de Villa de Leiva Boyacá, con 5 contratos con Luis Jorge Castillo Poveda, por $39,3 millones.

Otros contratos que están en la lupa de la Procuraduría son los de:

*La ESE Hospital Local de Montelíbano, la E.S.P. Jaguazul S.A. y la Alcaldía de Montelíbano, Córdoba, con tres contratos con SON Impresores S.A.S., por $32,9 millones

*La alcaldía de Barbosa, Antioquia, un contrato con Silvia Ruth Gómez García (Catering Santa Mónica, por $24,5 millones, y la E.S.P. Domiciliarios de Carmen de Viboral, Antioquia, con cuatro contratos con Bibiana Astrid García Tobón (Distribuciones Distrimax), por $20,81 millones.

Y además, "las alcaldías de Consacá, Nariño, dos contratos con Lorena Elizabeth Guarnica Gómez, por $14,77 millones; de Repelón, Atlántico, dos contratos con Diego Alberto Arteaga Lagarez, por $16 millones; Maceo, Antioquia, un contrato de $7,05 millones con Jorge Alberto Cataño Orrego, y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Espinal E.S.P., un contrato con Crispín Ariel Cartagena Gómez, por $2,99 millones", se indica en el informe del organismo de control.

Por su parte, la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública trasladó el informe, con incidencia disciplinaria, para que se adelanten las investigaciones del caso.