¿Qué pasó con los procesos contra militares por toma del Palacio de Justicia?

Este jueves se cumplieron 35 años de la toma del Palacio de Justicia ejecutada por la guerrilla del M-19 para presionar un juicio político en contra del entonces presidente de la República, Belisario Betancur por el incumplimiento al proceso de paz.

Después de tres décadas son más las dudas que las respuestas frente a los hechos que rodearon la operación adelantada por el Ejército Nacional para recuperar la edificación ubicada en el centro de Bogotá y liberar a los magistrados y civiles que estaban retenidos.

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La principal duda en estos tiempos ha tenido que ver con lo que ocurrió dentro de la Casa Museo del Florero, ubicada a pocos metros del Palacio y la cual fue adecuada como un improvisado puesto de operaciones por parte de los militares.

A dicha casa eran llevadas las personas rescatadas del Palacio de Justicia por parte de los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en el operativo de recuperación de la edificación. En ese punto los “sospechosos” eran trasladados al segundo piso para ser sometidos a intensos interrogatorios y torturas.

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Los “sospechosos” eran aquellas personas que los militares consideraban que tenían algún tipo de relación o conocimiento con la guerrilla del M-19 y la ejecución del plan para tomarse el Palacio.

Después de la operación de recuperación se reportó la desaparición de varias personas que habrían salido con vida del Palacio y trasladadas hasta la Casa del Florero, entre ellas los siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19.

Pese a los reclamos de los familiares el expediente por los “desaparecidos del Palacio de Justicia” empezó a moverse en la Fiscalía General. Varios oficiales del Ejército Nacional que comandaron la operación de recuperación del Palacio y tuvieron el control del manejo de los rehenes.

El ente investigador vinculó principalmente al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, excomandante del B-2 del Ejército Nacional, quien estaba al mando de la identificación de los rehenes que llegaban a la Casa Museo del Florero.

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Igualmente, fueron vinculados al caso el excomandante de la Brigada XIII, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales; el excomandante del Batallón Charry Solano, general (r) Iván Ramírez Quintero; y el excomandante de la Escuela de Caballería, coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.

Fueron varios años de juicio en el que se tomaron diversas decisiones de fondo. En 2010, un juez especializado condenó a 30 años de prisión al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas. Tres años después la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la sentencia, pero solamente lo encontró responsable de la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera y la guerrilla del M-19, Irma Franco Pineda.

En 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó las condenas y absolvió al coronel Plazas Vega de cualquier tipo de responsabilidad en este caso considerando que no existía ninguna prueba directa en su contra.

Los otros tres procesos

En diciembre de 2011 la justicia absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero, el mayor (r) Fernando Blanco y el sargento Gustavo Arévalo. La Fiscalía y los representantes de víctimas apelaron la decisión ante el Tribunal Superior y están a la espera de la decisión.

Por su parte, el general Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de prisión. En todas las instancias el excomandante de la Brigada XIII del Ejército fue hallado responsable de haber ordenado la desaparición de civiles.

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En mayo de este año, tras someterse y presentar su caso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su libertad inmediata. La justicia transicional le ordenó al oficial en retiro firmar un acta de compromiso para que aportara la verdad sobre los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia.

Finalmente, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, condenado a 40 años de prisión, está a la espera que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva la apelación que presentó en contra de la sentencia.