Rechazan solicitud de levantar sanción contra Víctor Pacheco por intento de soborno a Jorge Petrelt
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial dejó en firme la sanción contra el abogado.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó un recurso que pretendía levantar la sanción de diez años de inhabilidad del abogado Víctor Pacheco, señalado de intentar sobornar a un magistrado de la Corte Constitucional.
La decisión fue tomada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en 2016, cuando se comprobó Pacheco que ofreció $500 millones de pesos al exmagistrado Jorge Pretelt para que beneficiara a Fidupetrol, en un proceso de tutela.
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En esa época, la sala decidió retirar la tarjeta de profesional al abogado hasta 2016 y en 2017 ratificó la determinación, sin embargo, en 2022 el abogado presentó un recurso solicitando que le permitieran volver a ejercer, argumentando que ya habían pasado cinco años de la sanción y que, durante ese tiempo, tuvo un comportamiento intachable.
En este sentido, la autoridad judicial respondió que la falta en la que incurrió Pacheco mancha la honradez de la profesión como abogado, por lo que la falta debía ser sancionada con todo el peso que el código disciplinario explica.
Además, aseguró que no puede aceptar la solicitud, pues no han pasado los diez años de sanción, resaltando que debía tenerse en cuenta que la conducta sancionatoria, estaba relacionada con una autoridad judicial del Estado.
"Conforme las pruebas allegadas al plenario, se constató que no se ha cumplido con el término legal de diez años, atendiendo que los hechos generadores de la imposición de la sanción de exclusión del abogado solicitante de la rehabilitación tuvieron lugar en una actuación en la que era contraparte un ente del Estado", explica el tribunal disciplinario.
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Por lo anterior, la comisión confirmó la sanción de diez años de inhabilidad, de los cuáles le quedan cinco por cumplir a Víctor Pacheco.
Cabe resaltar que en la decisión tomada en 2016, también se especificó que el abogado debía pagar una multa de cien salarios mínimos legales vigentes para la época.