Reforma judicial: Fiscal Luz Adriana Camargo niega posturas radicales

Los representantes de la Rama Judicial aseguraron que están abiertos a escuchar las propuestas sobre el polémico artículo de la reforma a la justicia, que buscaría beneficiar a los violadores y asesinos de niños.

“Nosotros no tenemos ninguna postura radical, ni en el 7, ni en ningún otro artículo. Nosotros en este momento estamos escuchando razones, que pueden ser razones válidas, de lado y lado, hay opiniones divididas entre los miembros ponentes y vamos a hacer una hoja de ruta”,  dijo la fiscal Luz Adriana Camargo, tras la reunión con los senadores de la Comisión Primera, el presidente de la Corte Suprema de Justicia; Gerson Chaverra y la ministra de Justicia; Ángela María Buitrago.

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En ese sentido, Camargo destacó que las penas tan altas en los delitos relacionados a violencia en contra de los menores de edad pueden representar un populismo punitivo.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, aseguró que existe una propuesta por parte de los senadores de la Comisión Primera, que será estudiada por la Fiscalía, la Corte y el Ministerio de Justicia, este martes 22 de octubre. 

Entre tanto, los jueces penales del circuito con función de conocimiento de Bogotá, anunciaron su apoyo total a la idea de rebajar las penas y terminación anticipada de procesos donde figuren como víctimas menores de 18 años.

“A las instituciones les compete velar por ese interés superior prevalente, y dado que a la Rama Judicial, de manera particular, a los jueces singulares y plurales que en materia penal cotidiana enjuician y sancionan a los infractores contra niños, niñas y adolescentes, ven palmarias las nutridas cifras de procesos que congestionan el aparato judicial y debido a ello se presenta impunidad por la tardía recepción de los testimonios de los menores, quienes olvidan los episodios, o incluso resultan ser manipulados”, subrayaron los funcionarios judiciales.

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Agregaron que ven viable y necesaria la propuesta realizada por la Corte Suprema de Justicia, teniendo como fin terminar anticipadamente los procesos por delitos contra menores de edad.