Tres de los siete nuevos ministros nombrados por Petro son investigados en la Procuraduría

Tres de los siete ministros, que fueron nombrados por el presidente Gustavo Petro hace unos días, son investigados por la Procuraduría General de la Nación por conductas presuntamente irregulares. 

Guillermo Jaramillo, nuevo ministro de Salud, es quien tiene más procesos disciplinarios, pues en los despachos de ese organismo hay al menos 31 casos abiertos en su contra.

Le puede interesar: MinDefensa, a declarar por escándalo de sobrecostos en compra de vehículos

De acuerdo con la Procuraduría, uno de los casos por los que Jaramillo es investigado, es por presuntas irregularidades en la firma del contrato del alumbrado navideño en 2016, cuando fungía como alcalde de Ibagué, pues habría vulnerado los principios del proceso de selección pública. 

También es investigado por supuestas inconsistencias en el cumplimiento de un contrato firmado para la construcción de un acueducto complementario, para la capital del departamento de Tolima. 

Entre las 31 investigaciones contra el nuevo ministro de salud, hay casos por presunta corrupción al designar en cargos públicos a personas que lo habrían apoyado en la carrera a la Alcaldía de Ibagué. 

Por otro lado, el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene procesos en curso por supuestamente haber omitido enviar recursos a la Federación de Municipios, mientras se desempeñaba como secretario de Hacienda de Bogotá de la Alcaldía de Gustavo Petro. 

Más información: Absolvieron a 6 médicos cirujanos señalados de falsificar sus títulos, ¿por qué?

Entre tanto, el nuevo ministro de Transporte, William Camargo, tiene un proceso en etapa de indagación previa, pero en la información oficial no se registra ningún fallo en su contra. 

Cabe mencionar que tres ministros antiguos que están bajo la lupa del organismo de control son el ministro de defensa, Iván Velázquez, de ambiente, Susana Muhamad, y de minas, Irene Vélez. Los procesos contra esos funcionarios son recientes, pues se desprenden de sus actividades actuales.

En el caso de la ministra Muhamad, tiene un proceso abierto debido a una queja por supuestamente no atender peticiones oficiales, mientras que el proceso contra el ministro Velázquez es por supuesto incumplimiento en sus deberes por el secuestro de más de 70 policías durante los enfrentamientos con campesinos en San Vicente del Caguán.

Finalmente, el caso de la ministra Irene Vélez es por presuntas inconsistencias en el informe de reservas de hidrocarburos.