Una pareja contrataba a modelos webcam y las vinculaba en actividades de contrabando

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una pareja de esposos, quienes son señalados de contratar mujeres para que se desempeñaran como modelos webcam, para posteriormente vincularlas a actividades de contrabando. 

Según el ente investigativo, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, se logró establecer que Carlos Arturo Rubiano Corredor y Leidy Tatiana Pachón Hurtado, ubicaban a las mujeres en un bar de Soacha (Cundinamarca) a quienes convencían de participar en la grabación y divulgación de videos para adultos, en un inmueble ubicado en el occidente de Bogotá.

Le podría interesar: Carlos Hernán Rodríguez buscará que se reconsidere fallo del Consejo de Estado sobre su elección

Tras un tiempo de trabajo con la pareja, se ganaban la confianza de las modelos, a quienes les solicitaban recoger encomiendas como perfumes, ropas y accesorios, todos provenientes del contrabando. 

"De acuerdo con los elementos de prueba, los artículos ingresaban por vía aérea al país, sin cumplir la normatividad aduanera. Rubiano Corredor y Pachón Hurtado estarían involucrados en la utilización de sellos notariales, y la falsificación documentos públicos y privados para dar apariencia de legalidad a la entrada de los productos al territorio nacional", señaló la Fiscalía. 

Por si se lo perdió: Tumban acuerdo de transporte de pasajeros entre Colombia y Emiratos Árabes

Las personas fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación. Durante las labores de allanamiento se incautaron $55 millones en efectivo, dos armas traumáticas, celulares, tablets y memorias USB, las cuales ahora hacen parte del proceso investigativo. 

Tras su captura, la Fiscalía les imputó los cargos de: concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Ahora, la pareja deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia, mientras se avanza con el proceso de investigación.