Vehículo que supuestamente no tenía blindaje suficiente pertenecía a esquema de Álvaro Uribe

La FM conoció que la camioneta a la que se le hizo una revisión técnica encontrando que no tenía blindaje en sus puertas y que causó alarma en la UNP por la presunción de que este error pudiera repetirse en otros vehículos, hacía parte del esquema de seguridad del expresidente Uribe en la ciudad de Medellín.

El contratista dueño del vehículo explicó que hay inconsistencias con los informes de la UNP y que, a pesar de que el informe técnico que encontró la irregularidad se produjo en noviembre, un mes después, en diciembre, la camioneta sin blindaje había sido reasignada. También hay denuncias de esquemas de seguridad que tienen carros de antes del 2013, incumpliendo la normatividad que señala que los vehículos deben ser por lo menos del 2015 para cumplir el papel de forma efectiva.  

En los últimos días se conoció que la UNP tiene abierta una investigación contra uno de los contratistas que alquila camionetas para los protegidos del país. Según una revisión técnica a una de las camionetas de la empresa Neostar Security, se encontró que el vehículo asignado a un esquema de seguridad supuestamente no tenía blindaje en las puertas, haciendo a los pasajeros vulnerables.

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El informe de la UNP reservó el nombre del esquema de seguridad del protegido al que pertenecía esa camioneta, pero La FM conoció ese y otros detalles que dan cuenta de una pugna por la contratación dentro de la Unidad Nacional de Protección.

La compañía entregó la camioneta a la UNP desde hace varios meses y fue recibida de conformidad. Cuando se produjo el informe con los problemas en el blindaje, el conratista cambió la camioneta al esquema de seguridad inmediatamente le informaron de las fallas en las revisión técnica que sucedió en noviembre de 2019 y ,desde entonces, la empresa le solicitó formalmente a la UNP que le regresara el vehículo a través de varios derechos de petición, pero eso no ocurrió hasta hoy.

La revisión en donde se dejaron consignadas las irregularidades sucedió el día 12 de noviembre de 2019. El 18 de noviembre, solo seis días después la empresa le pidió a la UNP que le informara la fecha exacta en la que el vehículo sería devuelto. Luego, el 27 de diciembre volvieron a insistir solicitando el regreso inmediato del vehículo del que no se tenía noticia de su paradero. Pero la UNP contestó que había sido reasignado, a pesar de que un mes antes se encontró que no tenía el blindaje necesario.

“Yo tengo 800 camionetas en servicio y solo he tenido problemas con esta. Nosotros hicimos el cambio de la camioneta y esta salió de servicio, es decir ya no estaba en contrato de arrendamiento con la entidad, pero no nos la devolvieron. Después a través de un derecho de petición nos informan el 27 de diciembre que la dejaron disponible y que tuvieron que reasignarla de acuerdo a las necesidades de la la UNP. Entonces no coincide que el carro haya estado dañado, o si estuvo dañado no se sabe quién la arregló”, dijo Perlman, representante de la compañía.

En conclusión, el contratista que tiene un contrato por $ 28.000 millones de pesos durante el 2020, asegura que hay varias inconsistencias en las revisiones de la UNP que buscan afectarlo con diversos fines. Consultada por esta situación la UNP dijo que no se va a referir a ningún detalle por la reserva de las investigaciones.

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No es el único caso

Hace algunos días la Contraloría General recibió quejas que aseveran que algunos de los vehículos de la UNP han estado siendo utilizados para servicios de Uber, además de denuncias de transporte de drogas y armas, de acuerdo a una reunión con los contratistas que se realizó el 13 de noviembre pasado. 

Una lidereza social ya había denunciado que se percató de la falta de blindaje de su camioneta en la parte de abajo luego de que se le regara adentro del vehículo una gaseosa. Al lavarla los escoltas se dieron cuenta de la irregularidad y procedió a denunciar ante la UNP pidiendo cambio del vehículo por sus viajes en regiones con riesgo de seguridad.

La UNP insiste en que las investigaciones se mantienen bajo reserva mientras que los contratistas señalan que se trata de una pugna por la contratación entre competidores.