Carne de res que se vende en Colombia es producto de la deforestación de la Amazonía

DeJusticia publicó un nuevo documento llamado “¿Carne deforestadora? Cuellos de botella en el control de las cadenas de suministro de carne bovina en Colombia”, en el cual se analiza el origen de la carne que se vende en el país.  

El centro de investigación reveló que la carne que se vende en varias ciudades de Colombia es producto de la deforestación de la Amazonía.  

Según el Ideam, entre el 2015 y 2020, la deforestación en la Amazonía pasó de 57.000 a 109.000 hectáreas. Sin embargo, aunque la ganadería extensiva no es la única causa, sí ha generado el 51 % de la tala del bosque.  

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Esto quiere decir que los esfuerzos estatales y privados para la disminución de los riesgos de deforestación asociados al suministro de carne no son suficientes.  

“Las autoridades agropecuarias tienen un sistema para hacerle seguimiento al ganado en toda la cadena de suministro: la finca donde nace, aquellas donde crece, los mataderos y centros de acopio, hasta llegar al punto de venta. Por su parte, las autoridades ambientales registran y reportan periódicamente los cambios en la deforestación de los bosques. Sin embargo, los datos que arrojan esos dos sistemas no se cruzan, lo que impide hacer un seguimiento estricto de la deforestación asociada a la ganadería”, explica el documento de DeJusticia.  

Por otro lado, la presencia del Estado en las zonas de la Amazonía, donde se concentra la deforestación asociada a la ganadería, ha sido poca. A esto, se le debe sumar el dominio que tienen los grupos armados, quienes bloquean la acción de las instituciones con amenazas, destrucción de infraestructura y el asesinato de funcionarios y líderes sociales. 

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Finalmente, DeJusticia recomendó modificar el Estatuto del Consumidor para incluir el derecho a conocer los detalles del origen de las mercancías, permitiéndole a los consumidores conocer el origen de la carne. 

Además, el centro de investigación afirmó que “se necesitan normas obligatorias relacionadas con la debida diligencia. Este es un deber que exige a las empresas identificar los posibles impactos de sus actividades en los derechos humanos, adoptar medidas de prevención y mitigación, así como reportar los resultados de estas acciones”.