España se une a países que ya declararon la emergencia climática

España se ha convertido en uno de los países pioneros al aprobar este martes una declaración de emergencia climática, con el compromiso de tomar acciones urgentes desde los primeros cien días de mandato del nuevo Ejecutivo de coalición, para hacer frente a este grave problema global.

Se trata de una medida cargada de simbolismo después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometiera en su reciente discurso de investidura a situar la transición ecológica en primera línea del nuevo Ejecutivo.

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Otros de los pocos Gobiernos en el mundo que han implementado hasta el momento declaraciones de este tipo han sido Irlanda, Canadá y Francia.

En noviembre de 2019, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución en la que declaraba la emergencia climática convirtiendo así a Europa en el primer continente con una declaración por el clima.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha comprometido para los primeros cien días de mandato con acciones urgentes, como la remisión al Parlamento de la Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización para la neutralidad climática en 2050.

También ha anunciado la creación de una Asamblea Ciudadana del cambio climático, que incluirá la participación de los jóvenes y cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres.

La ministra ha destacado su compromiso firme con esta declaración por "tres razones": por justicia climática, por el futuro del país que requiere un proyecto ambiental transversal para una transformación inclusiva y por responsabilidad frente al desafío del cambio climático.

La medida ha sido aplaudida por las organizaciones ecologistas, que han valorado la celeridad con la que el Gobierno ha atendido la petición del Congreso de los Diputados de esta declaración de emergencia climática, un gran paso que era necesario, según los activistas.

Las ONG han instado al Gobierno a tener en cuenta la importancia de la naturaleza porque, a su juicio, la transición ecológica no será justa ni ambiciosa si se desatiende la biodiversidad.

El Gobierno se ha comprometido a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático y generar confianza, así como sumar esfuerzos y "no dejar a nadie atrás, para abordar las dificultades de los más vulnerables".

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La declaración introduce líneas transversales para convertir la descarbonización en una oportunidad para la generación de empleo y la reducción de brechas territoriales, porque uno de los objetivos es "contar con una economía preparada", según la ministra.

Se trata de un trabajo "serio, no partimos de cero", aunque hay que "sumar esfuerzos de todos para llegar a ser más ambiciosos", según Teresa Ribera, quien ha recordado que la ciencia y los jóvenes "nos reclaman" actuar con "urgencia ante una demanda social que es palpable".

El objetivo de la declaración es lograr un futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro, y no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para actividades de fracking.

Según la vicepresidenta Ribera, se trata del marco regulatorio fundamental para el medio ambiente, "una hoja de ruta" que inspirará el resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración.

El Gobierno se compromete con un sistema eléctrico 100 % renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante, así como a presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

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Se aprobará un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y se pondrá en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

El acuerdo insta a estrechar sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de oportunidades para la transición energética, generar nuevo empleo verde.

El Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.

También se insta a adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso para alcanzar "residuo cero" en el horizonte 2050.

Además, se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente y el objetivo de alcanzar el 30 % de superficie marina protegida en 2030.