Fiscalía advierte sobre daños ambientales de Hidroituango en el río Cauca

Desde el momento en el que los habitantes de las poblaciones ubicadas en zona de influencia de Hidroituango alertaron sobre diferentes afectaciones a los recursos naturales y la cadena de producción en el Río Cauca, la Fiscalía General de la Nación conformó un equipo interdisciplinario para verificar la eventual afectación de las obras y de las medidas tomadas para atender las contingencias en el proyecto.

Tres fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, nueve peritos (ingenieros ambientales y de minas, químicos, biólogos y ecólogos), dos analistas y un grupo de policía judicial asumieron las investigaciones y de entrada identificaron los primeros riesgos a las fuentes hídricas, la fauna, la flora y la vida de los
habitantes. 

En inspecciones realizadas en un polígono sobre el Río Cauca, entre los municipios de Sabanalarga, Valdivia, Toledo e Ituango (Antioquia) fueron recolectadas muestras ambientales, evidencias físicas y documentales, y testimonios que ponen de manifiesto la grave situación ocasionada por cuatro factores iniciales, los cuales serán puestos en conocimiento inmediato de un juez de garantías a efecto de que se adopten las medidas correctivas urgentes que impone la situación:

1. Invasión del buchón de agua

Sobre el Río Cauca, a la altura de Sabanalarga (Antioquia), los investigadores constataron la invasión acelerada de buchón, una planta acuática que crece en zonas en las que el agua se empoza o no corre con suficiente fluidez y reduce todos los procesos biológicos de conservación de los ecosistemas. El manto que genera la planta bloquea los rayos del sol y elimina los procesos básicos para que se desarrolle la vida dentro del agua, en las partes afectadas por la presencia de la planta.

El buchón está ubicado a 55 kilómetros, aproximadamente, al sur de la presa del proyecto Hidroituango y, de acuerdo con las mediciones hechas y los registros satelitales, en apenas dos meses cubrió un corredor de cerca de 8.5 kilómetros del Río Cauca, una vasta zona en la que se disminuyó la calidad de la vida acuática y existen tramos de cero navegabilidad.

La dimensión de la mancha verde que se apoderó del río equivale en distancia a un recorrido en Bogotá, de la Torre Colpatria (Cra. 7ª con calle 24) hasta el Seminario Mayor (Cra. 7ª con calle 93ª); en Medellín, desde el emblemático Parque Berrío hasta la conocida estación de Santo Domingo del Metrocable; en Cali, desde la Plaza de Toros hasta la antigua Licorera del Valle del Cauca; y en Bucaramanga, desde la sede central de la Fiscalía en esa ciudad hasta el Club Campestre.

Los peritos encontraron que esta especie vegetal invasora intenta ser controlada por EPM a través de, solamente, una máquina que resulta ineficiente y no ofrece garantías para frenar la cantidad ni la reproducción exponencial. La Fiscalía apeló a la cooperación del programa Copérnico dirigido conjuntamente por la Agencia Espacial Europea y la Unión Europea, para monitorear novedades que afectan el medio ambiente y contribuyen al cambio climático, gracias a lo cual pudo detectar con satélites la presencia del buchón en el Río Cauca, ilustraciones que alertan sobre su desplazamiento por el caudal y el rápido crecimiento. 

Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación le solicitó a un juez de control de garantías que se adopte la siguiente medida:  

Implementar de manera urgente e inmediata un plan de choque para la recolección del buchón de agua o las macrofitas presentes sobre el cauce del Río Cauca.

2. Planta de Asfalto

En la vía que conduce de Toledo a Puerto Valdivia (Antioquia), sobre la ronda del río San Andrés, uno de los afluentes que nutre al Río Cauca, la Fiscalía encontró una planta de asfalto abandonada en la que hay residuos de material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos dispersos indiscriminadamente, provenientes de los trabajos de obra civil para la hidroeléctrica. 

En su recorrido los investigadores establecieron que algunas de las sustancias identificadas caen a los cuerpos de agua y disminuyen su calidad, y otras están expuestas a la comunidad, especialmente a los niños que cruzan y viven en esta zona, situación que representa un riesgo para la salud.

Según la Convención de Basilea esos residuos se encuentran clasificados como peligrosos y tienen componentes como vanadio, níquel, hierro y algunos compuestos aromáticos con características cancerígenas. La planta de asfalto y los residuos encontrados son de las obras contratadas por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para ampliar y reparar las vías entre Ituango, Valle de Toledo, Toledo y Puerto Valdivia, deterioradas por el tránsito de maquinaria hacia el proyecto Hidroituango. Esa planta no se cerró técnicamente ni se hizo una recolección adecuada como lo establecen las normas ambientales.

Medida

Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de la siguiente medidas cautelar:

. Cierre técnico, urgente de la planta de asfalto, la recolección y la disposición inmediata y técnica de los residuos.

3. Escombrera El Higuerón

El equipo especializado de la Fiscalía llegó a un lugar conocido como El Higuerón, entre Puerto Valdivia y la hidroeléctrica, y allí encontró una Zona de Disposición de Material Excavado (ZODME) en la que hay de 2,5 a 3 millones de toneladas de residuos sólidos, aproximadamente.

Las rocas y el lodo extraídos del proyecto fueron dispuestos sobre una pendiente y amenazan en la actualidad con desprenderse. Precisamente, los expertos encontraron grietas de 60 metros de longitud y filtraciones de agua que provocarían riesgo inminente de derrumbe sobre una vía por la que transitan constante peatones, vehículos y semovientes, y podría represar el cauce del Río Cauca con las consecuencias de una posible avalancha. 

En varios puntos ya existen desprendimientos de tierra y fue cubierta una quebrada cuyas aguas estancadas contribuyen con la desestabilización de la masa de residuos sólidos. 

Medida

Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de la siguiente medidas cautelar:

- La estabilización urgente e inmediata de taludes y manejos de aguas superficies en la escombrera de El Higuerón y cumplimiento de las normas técnicas de cierre y abandono establecidas por la autoridad ambiental.

4. Afectación de la cadena alimentaria

La presencia de buchón y los otros riesgos identificados por la Fiscalía General de la Nación están reteniendo la riqueza biológica y de minerales del Río Cauca en la parte sur del proyecto Hidroituango, es decir, antes de la presa. De esta manera, el agua que pasa por la represa es filtrada y por ello fluye hacia las poblaciones del norte con las consecuencias que ello tiene con respecto a la sostenibilidad del río frente a la biodiversidad de peces y capacidad de sostenimiento de los ciclos biológicos productivos del cuerpo de agua. 

Los expertos encontraron que esta situación afecta a la población de peces, en calidad, tamaño, carne y en su misma reproducción. Aspecto que golpea la seguridad alimentaria y la principal actividad económica de los pobladores del Río Cauca.

Medida

Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de la siguiente medida cautelar:

- Medidas inmediatas para mitigar los efectos adversos sobre las poblaciones de Ituango, Puerto Valdivia, Briceño, Cáceres, Taraza, Caucasia y demás municipios que sustentan la pesca y sustento diario de esta cuenca.
 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar en el marco de la indagación en curso, con carácter de inmediatez y urgencia la Fiscalía General de la Nación ha solicitado en el día de hoy la imposición de medidas urgentes e inmediatas encaminadas a salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la sostenibilidad alimentaria, el medio ambiente y la salubridad pública de cerca de 60 mil habitantes de Sabanalarga, Puerto Valdivia, Toledo, Valle del Toledo e Ituango (Antioquia), que están en el área de influencia de Hidroituango.

La actuación de la Fiscalía se surtirá ante un juez de garantías en audiencia pública que será determinada por el Centro de Servicios Judiciales.