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El presidente Gustavo Petro reveló la suspensión de 31 empresas de seguridad privada en el país, señaladas de ser presuntas fachadas del crimen organizado.
El mandatario lanzó una advertencia contundente: el Estado no puede terminar armando a estructuras ilegales, mientras salen a la luz graves fallas en los controles sobre compañías que tienen acceso legal a armas.
En su mensaje, por medio de la red social de X, el presidente Petro fue contundente al advertir que varias de estas compañías estarían operando como fachadas de organizaciones ilegales, lo que representa un riesgo directo para la seguridad. “No puede haber un Estado que arme a los criminales”, señaló el jefe de Estado.
Las empresas incluidas en la lista del presidente Petro
El pronunciamiento estuvo acompañado de un listado en el que aparecen las 31 empresas sancionadas, entre ellas firmas como OL Security Group, 360 Grados Seguridad, Marshall Security, WS Security International, ISVI, Seguridad Securbel, Seguridad Sara, Clock Security, Colombian Security Patrol y Vigilancia Nacional y Seguridad Vinalseg, entre otras.
También figuran compañías como Atenas Seguridad Privada, Blink Seguridad Privada, Seguridad Balam, Maximus Seguridad, Premium Security Guard, Seguridad Gran Metrópolis y la empresa Águila de Oro de Colombia, que tendría operación en múltiples ciudades del país.
De acuerdo con el documento, varias de estas empresas tenían presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Santa Marta, entre otras, lo que evidencia el alcance nacional de este fenómeno.
Petro habló de fallas en los controles del Estado
En el mismo mensaje de su red social de X, el presidente Petro insistió en que este tipo de situaciones reflejan fallas en los controles del Estado, especialmente en el otorgamiento de licencias para el funcionamiento de empresas de seguridad privada, las cuales tienen acceso legal a armas.
En ese mismo sentido, el mandatario hizo referencia a antecedentes históricos, señalando que el paramilitarismo en Colombia se fortaleció, en parte, por decisiones institucionales que permitieron la entrega de armamento a través de figuras legales como las Convivir, lo que —según dijo— facilitó el acceso de grupos ilegales a miles de armas.
Para el Gobierno, y según lo explicó Petro, este nuevo caso evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control sobre el sector de la vigilancia privada, evitando que estructuras criminales utilicen estas empresas como fachada para operar o expandir su influencia.
Cerrar los espacios aprovechados por crimen organizado
Sumado a ello, plantea interrogantes sobre el seguimiento que se hace a estas compañías una vez obtienen permisos, así como sobre el uso real del armamento autorizado.
La revelación también pone sobre la mesa el desafío que enfrenta el Estado para cerrar los espacios que pueden ser aprovechados por el crimen organizado, especialmente en sectores estratégicos como el de la seguridad.
Por ahora, el mensaje del presidente es claro: no se permitirá que, bajo el amparo de la legalidad, se fortalezcan estructuras ilegales, ni que el Estado termine facilitando, directa o indirectamente, el acceso a armas por parte de organizaciones criminales.
