Abren proceso de desacato contra la ministra Susana Muhamad por delimitación de Santurbán

Con optimismo recibieron las comunidades en la provincia de Soto Norte, la decisión del Tribunal Administrativo de Santander sobre el desacato que se le impuso a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por retrasar e incumplir con la delimitación del páramo de Santurbán. 

De esta forma, se está desobedeciendo la orden expedida por la Corte Constitucional expedida hace siete años, indicó la vocera de Dignidad Minera, Ivonne González. 

Señaló que es justo este reclamo, toda vez que la alta funcionaria les está tomando el pelo desde hace varios años y una delimitación que ya debería aplicarse, pero por la negligencia de las autoridades de turno sigue en veremos. 

Le puede interesar: USAID cierra y la Unidad de Búsqueda perdería $2.700 millones

González insistió en que la ministra Muhamad trató de convertir en páramo un terreno que no lo es “y cuando vio que técnicamente no lo podía hacer, abandonó este proceso”. 

De hecho, denunció que quiere retroceder el proceso e imponer una zona de reserva sin concertar con las comunidades, violando el Acuerdo de Escazú, con base en una interpretación equivocada de otra sentencia. 

Agregó que “aquí en Colombia no tenemos garantías, están tomando decisiones ambientales que afectan la autonomía y el ordenamiento territorial de los municipios y del departamento".

De acuerdo con la decisión del Tribunal, habría un incumplimiento por parte de Muhamad, de modo que "la funcionaria estaría yendo en detrimento de los derechos fundamentales protegidos por la corte, situación que podría generar millonarias sanciones". 

Lea además: Pico y placa en Medellín: restricciones para el miércoles 5 de febrero de 2025

La vocera de Dignidad Minera expresó que la Procuraduría ha señalado en más de una oportunidad la grave situación ambiental en la zona, enfatizada por una alarmante contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, en donde se supera hasta en 40 veces los límites internacionales permitidos. 

Hay que recordar que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional, que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. En Colombia, la Corte Constitucional avaló la Ley 2273 de 2022, que aprueba este acuerdo.