Amenazas contra testigo sobre dineros de Odebrecht en campaña de Santos

A menos de dos meses de que comience el desfile de líderes políticos y empresarios citados a declarar y a rendir versión libre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña para la reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, se conoció que uno de los testigos clave en este capítulo judicial fue víctima de nuevas amenazas en su contra.

Se trata del empresario Andrés Sanmiguel Castaño, quien fue el primero en ser citado por el CNE a rendir una declaración juramentada el próximo 3 de octubre a las 9 de la mañana.

El empresario había asegurado en interrogatorio ante la Fiscalía sobre el supuesto movimiento de 3.894 millones de pesos en contratos simulados con la Ruta del Sol II en la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2014.

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Sanmiguel Castaño es un conocido constructor dueño del 50 por ciento de Gistic Logistic Soluciones Intregrales, quien señaló que su empresa fue utilizada por un antiguo conocido David Fernando Portilla Colunge, representante de la constructora española Fagar Servicios, para mover los 3.850 millones de pesos que supuestamente fueron a parar a la campaña reeleccionista de Santos.

En su declaración, Sanmiguel indicó: “David llega un día como loco, literalmente, a decirme: 'Qué hubo papito, ya te consignaron una plata en tu cuenta (…) necesito que la saque ya'. Efectivamente llamamos a ver qué había entrado y habían consignado a la cuenta de GISTIC, en julio de 2014, tres mil ochocientos cincuenta millones de pesos (...) Cuando me di cuenta de esta vaina, es que ellos me dijeron que era urgente sacar la plata porque eso era para las campañas, para la campaña de la reelección de Juan Manuel Santos (…) Fue para la segunda vuelta, estábamos en la segunda vuelta”. 

Según Sanmiguel, esos dineros iban a ser manejados por Portilla Colunge y Esteban Moreno, este último recordado porque fue clave clave en la reelección de Santos tras se nombrado por Simón Gaviria, el 16 de diciembre de 2013, junto a la excandidata a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Ángela Garzón, como gerentes de la campaña al Congreso del Partido Liberal.

El CNE también llamó a rendir declaración juramentada para el mismo 3 de octubre a las 11 de la mañana al empresario David Fernando Portilla.

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Las amenazas

Iván Cancino, abogado de Sanmiguel Castaño, reveló a RCN Radio que este empresario acudirá a la citación del CNE pero anticipó que no dirá una sola palabra ante ese organismo electoral ni ante la Comisión de Acusación de Cámara hasta tanto no quede claro cuál será su suerte judicial en la Fiscalía General, que anunció imputación de cargos en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

El jurista aseguró que a Sanmiguel no le consta si los 3.850 millones de pesos llegaron o no a la campaña reeleccionista de Santos.

“En este caso no se cometió un delito que se le atribuya a mi cliente porque el dinero viene de un negocio entre privados cuyo origen es lícito, no se puede por una teoría inverosímil de la Fiscalía después volverlo ilegal”, dijo Cancino.

De acuerdo con Cancino, esos dineros provenían de uniones y consorcios en donde uno de los participes es Odebrecht, el cual tenía en su momento toda la credibilidad y también manejo dineros lícitos.

“Nosotros no podemos decir que todo lo que tiene odebrecht es delictivo o se debe presumir una actividad ilícita (...) Todos los dineros que tiene Odebrecht hasta que no se demuestre lo contrario es lícito para pagar esta serie de contratos”, señaló.

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Asimismo, sostuvo que la posible falta disciplinaria por una supuesta financiación irregular de dineros de Odebrecht a la campaña de Santos en 2014, tenía tres años para investigarse y no se hizo, por lo cual ya caducó en 2017 y en el caso de la Fiscalía la violación de los topes de campañas políticas no era un delito y sólo hasta el 2017 se tipificó. Por ello tampoco puede ser investigado.

“No hay la más mínima posibilidad de buscar una negociación por ahora con la Fiscalía porque de lo narrado por Sanmiguel no hay ninguna conducta que sea subjetivamente interesante para el derecho penal", indicó Cancino.

En relación con las amenazas que ha sufrido su cliente a lo largo de los tres últimos meses, señaló: “ Se han presentado serias amenazas a Andrés Sanmiguel, incluso seguimientos, fotografías a sus hijos y todo ello se ha denunciado por cartas a los fiscales del caso”.

El abogado Cancino indicó que a San Miguel también le han mandado mensajes con personas a su teléfono celular y a su  correo electrónico.

“Claro Andrés Sanmiguel siente temor por su vida, se siente coaccionado por algunas personas y obviamente se ha tratado de hacer una campaña de desprestigio contra él”, agregó Cancino.