Avanza reforma para que violadores de niños no reciban beneficios

La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate un acto legislativo que excluye de cualquier beneficio los delitos sexuales que se cometan contra los menores de edad.

Esto quiere decir que los grupos ilegales que se sometan a futuros procesos de paz, no podrían ser exonerados de las máximas penas establecidas en la Constitución y en el Código Penal.

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La senadora Maritza Martínez, quien impulsa este proyecto, dijo que “el Congreso se está adelantando a futuros procesos de paz y acogiendo la sentencia C-080 de 2018 de la Corte está diciendo que prevalecen bajo cualquier circunstancia los derechos de los menores y las penas de los delitos cometidos contra ellos, no pueden equivaler a impunidad”.

El proyecto se aprobó en medio de una enorme polémica por un parágrafo que fue retirado del texto a través del cual se garantizaba la no retroactividad de la vigencia de la norma, con el fin de no perjudicar a las Farc.

Sin embargo, el senador Santiago Valencia, ponente del proyecto, negó que quienes se hayan acogido al acuerdo de La Habana vayan a ser excluidos de la JEP.  

“Hay un principio universal de derecho que es el de la irretroactividad y favorabilidad penal, es decir, una modificación de estas no puede aplicar hacia atrás en el tiempo. Esto hace parte del bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados firmados por Colombia en materia de derechos y esto tiene que ver con el debido proceso”, indicó.

Sin embargo, el senador Roy Barreras insistió en que el proyecto quedó mal redactado y podría perjudicar el régimen especial que tienen los adolescentes.

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“Lo escribieron mal y pusieron en riesgo todo el régimen de juzgamiento de los jóvenes y de las personas con trastornos mentales. Si hoy un joven de 15 años abusa de otra niña de 15 años, eso es imputable pero se juzga con una jurisdicción de adolescentes, pero con esta norma le meten 60 años de cárcel al muchacho, entonces eso está mal escrito”, indicó.

Barreras también advirtió que el acto legislativo podría eliminar, sin consulta previa, la jurisdicción indígena y por eso buscará corregir el texto de la iniciativa en los siguientes debates.