Cambiar penas de delitos menores, la nueva apuesta uribista en el Congreso

En el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley que busca cambiar las penas y sanciones para quienes cometan ciertas conductas catalogadas como contravencionales, es decir, aquellas infracciones a las normas que son consideradas como de menor gravedad.

De esta manera, se busca cambiar los castigos que reciban quienes hagan acciones como inducir al suicidio, lesiones personales, injuria, calumnia, hurto simple, abuso de confianza, usurpación de tierras, daño al bien ajeno, usura y violación a la libertad religiosa.

Actualmente estas conductas pueden ser castigadas con prisión y multas. Con este nuevo proyecto se espera que además se les aplique otro tipo de sanción como trabajo social no remunerado.

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"Buscamos que en Colombia exista justicia. El marco legal actual presenta unas penas que no son las reales. Les dan una pena, por ejemplo, de ocho años, les rebajan la mitad, y al tener menos de cuatro años son delitos excarcerables y salen a las calles", contó a La FM el representante uribista Edward Rodríguez, autor del proyecto.

Y añadió que con este proyecto "si una persona roba a alguien, por ejemplo, o es responsable de lesiones personales, deberá ir de entre un mes a un año de prisión. Pero también debe indemnizar a la víctima, y deberá hacer un trabajo social. Con esto queremos que los victimarios tengan un proceso de resocialización por medio de penas pedagógicas".

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Las penas varían de acuerdo a si la acción se realiza por primera vez o se trata de un reincidente. De esta forma, si una persona comete uno de estos actos por primera vez deberá pagar de uno a doce meses de prisión (lo que representa una disminución en la pena en algunos casos, y aumento en otros), así como una multa de hasta 30 salarios mínimos y de seis a 24 semanas de trabajo social. Pero el reincidente pagará de uno a ocho años de cárcel.

Además el juez podrá decidir si imponer otras sanciones como capacitaciones, cursos y programas de rehabilitación a quienes tengan problemas de drogadicción o alcoholismo, así como una orden de restricción que prohíba acercarse a la víctima.

"Se busca imponer sanciones eficaces que logren generar conciencia en los infractores de la norma y darle a la ciudadanía en general seguridad y confianza sobre la operatividad de sistema jurídico colombiano. Pero también busca que no nos digamos mentiras, que no haya rebaja de penas, sino que la sanción que impuso el juez sea la que efectivamente el victimario tenga que cumplir", concluyó Rodríguez.