Congreso pedirá a procuradora claridad sobre aplicación del fallo de la Corte IDH
Margarita Cabello tendría que explicar en una audiencia, cómo se proveerán los 1.200 nuevos cargos de la entidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) advirtió que no se está cumpliendo el fallo sobre el caso de Gustavo Petro, en el que se establece que ninguna autoridad administrativa puede investigar y destituir a funcionarios elegidos popularmente, porque esta es una facultad que solo puede tener un juez penal.
En la reforma que se aprobó en el Congreso, dicha facultad se le mantuvo al Ministerio Público para seguir investigando hechos de corrupción que se presentan en los entes territoriales, pero con las garantías de doble instancia requeridas dentro de la sentencia de la Corte IDH.
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Pero a raíz de esta situación, el partido Conservador citará una audiencia pública en el Congreso para que la jefe del Ministerio Público entregue explicaciones sobre la manera como se está aplicando el fallo. El congresista y vocero, Juan Carlos Wills, aseguró que este proyecto se aprobó con el ánimo de combatir con más herramientas la corrupción.
“La reforma a la Procuraduría se hizo después de un amplio debate. Lo que hicimos fue darle un rango internacional a esta entidad para que tuviera la función de investigar y de sancionar no solo con todas las garantías para que el funcionario público tenga las dos instancias, sino también para llegar a más actos de corrupción, que es lo que hemos venido evidenciando en el país, el incremento y la falta de juzgamiento para este tipo de hechos”, indicó.
“Vamos a llamar a la procuradora general de la Nación para que explique, en audiencia pública desde el Congreso a todo el país, cuál fue la reforma que se hizo, para que expliquemos cuáles son esas reglas internacionales que se exigen para que la Procuraduría pueda seguir trabajando de manera natural”, añadió.
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La procuradora Margarita Cabello ha destacado la labor que viene desempeñando el Ministerio Público en materia de lucha contra la corrupción y ha defendido el decreto que expidió el Gobierno con la creación de 1.200 nuevos cargos que se necesitan para el cumplimiento de la primera y segunda instancia en los procesos disciplinarios, tal y como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos.