Consejo de Estado definirá si hubo o no fraude en elecciones al Senado
La demanda busca tumbar la elección de 100 senadores de la República, para el periodo 2018 – 2022.
El despacho de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, del Consejo de Estado, inició el estudio de fondo de la demanda que busca tumbar la elección de los 100 senadores de la República, para el periodo 2018 – 2022.
El Consejo de Estado analizará las diferencias injustificadas que se presentaron entre los formularios E-14 y E-24, en los cuales se acumulan los resultados de los escrutinios.
En ese sentido, el despacho de la magistrada estudiará las diferencias injustificadas entre el total de los votos por partido respecto de la suma de los votos por candidatos y votos por la lista del mismo partido, en el formulario E-14.
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También, si hubo o no fraude al momento de presentar un candidato totalmente inhabilitado para sumar una votación “producto de un engaño, que no permite que otros candidatos que sí cumplen con los requisitos de Ley puedan ser elegidos”.
Además, estudiara el recuento de votos -al parecer indebido- por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y posibles irregularidades en la designación de jurados de votación.
Así mismo, el Consejo de Estado analiza un posible fraude en los sistemas de votación con autenticación biométrica, presuntas irregularidades en el mayor número de votos que sufragantes y posible sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.
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La demanda fue presentada por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, del Partido Político Opción Ciudadana, y el ciudadano Oswaldo Ferri Ortiz Ramos.
En la demanda se pide al Consejo de Estado tumbar el Acta de Escrutinios formulario E-26, del 19 de julio de 2018, y la respectiva resolución por la cual el CNE computó el resultado de las votaciones del 11 de marzo y expidió las credenciales de senadores para el periodo 2018-2022.
Además, se pide anular los registros electorales y las votaciones de las mesas donde “hubieren sufragado ciudadanos a pesar de que su nombre y cédula de ciudadanía no aparezcan registrados o acreditados en la biometría del puesto de votación correspondiente”.