Crisis económica en la Comisión de Acusaciones es porque Minhacienda no ha enviado recursos
La directora administrativa de la corporación solicitó al Gobierno adicionar los recursos que se necesitan.
La Comisión de Acusación de la Cámara está enfrentando una crisis económica que tiene paralizados los procesos e investigaciones que se adelantan contra algunos altos funcionarios del Estado.
Casos contra el presidente Iván Duque, contra el expresidente Juan Manuel Santos y otros magistrados de altas cortes y de la JEP podrían verse perjudicados si no se destinan los recursos necesarios para contratar los abogados, sustanciadores, personas de archivo, entre otras que necesita la corporación para poder funcionar.
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Ante esta situación, la directora Administrativa de la Cámara de Representantes, Carolina Carrillo, respondió diciendo que la falta de plata se debe a que el Ministerio de Hacienda no envió los recursos específicos para la Comisión de Acusación y tampoco para la Comisión Legal de Cuentas.
“El Ministerio no ha enviado recursos específicos para esas dos Comisiones como siempre lo había hecho. De tal suerte que se han enviado tres requerimientos al Ministerio de Hacienda, solicitándole no solamente los recursos para estas dos Comisiones, sino otros recursos que también son necesarios para el cabal funcionamiento de nuestra corporación”, indicó.
Carrillo afirmó que el Gobierno nacional es el encargado de indicar, de manera específica, cómo se deben invertir los recursos, pero para este caso en particular no lo hizo.
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“A estas dos Comisiones (Acusación y de Cuentas) de manera específica el Ministerio de Hacienda les envía los recursos a la Dirección Administrativa de la Cámara”, manifestó.
El presidente de la Comisión de Acusación, John Jairo Cárdenas, ya había hecho un llamado al Gobierno para atender esta situación y evitar una completa parálisis de esta entidad que se encarga de indagar a los altos funcionarios del Estado.
El representante Mauricio Toro había advertido que muchos de los procesos que se adelantan allí contra los aforados podrían precluir porque no se tienen los elementos suficientes para poder trabajar, lo cual dejaría en la impunidad casos de gran connotación nacional.