Demandan decretos firmados por el canciller Leyva por suspensión
Aseguran que estos decretos firmados por el canciller Leyva no tienen validez.
Ante el Consejo de Estado llegó la primera demanda contra uno de los varios decretos que firmó el canciller Álvaro Leyva Durán, luego de que la Procuraduría lo suspendiera por tres meses, en medio de la investigación que se adelanta por el contrato de los pasaportes.
La demanda la presentó el representante del Centro Democrático Carlos Edward Osorio, específicamente contra el decreto No. 0061 del 30 de enero de 2024, con el cual se asigna a Mónica Isaza Bordamalo como encargada de las funciones consulares de la Embajada de Colombia ante Singapur.
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“He radicado esta demanda contra uno de los decretos que firmó el presidente de la República en compañía del señor Álvaro Leyva Durán, ejerciendo como ministro de Relaciones Exteriores, pese a que se encuentra suspendido desde el pasado 24 de enero por cuenta de la Procuraduría General de la Nación”, explicó.
Y dijo: “Es así como hacemos oposición, de manera seria y democrática y con fundamentos. Esperemos que la honorable corporación que conocerá de esta demanda, acceda a nuestra solicitud de suspensión provisional por ser un acto grosero y desmedido, que viola el artículo 115 de la Constitución Nacional”.
En la documentación también se advierte que se presentarán demandas separadas contra otros decretos que fueron firmados por el canciller, en desacato a la sanción que le impuso el Ministerio Público.
“Vale decir, lo propio ocurrió con los decretos Nos. 0060, 0062, 0063, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073 y 0074 del 30 de enero de 2024 que serán objeto de demandas separadas, y que fueron expedidos de manera irregular, en tanto se encuentran suscritos por el señor Álvaro Leyva Durán, quien para la fecha se encontraba suspendido en el ejercicio de sus funciones”, indica la demanda.
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En la solicitud, el dirigente político señala que estos decretos firmados por el canciller Leyva no tienen validez y constituyen una violación de las determinaciones autónomas que adoptan los entes de control.
Esta es la demanda: