Denuncian corrupción en Prosperidad Social para pagar favores políticos

La senadora Paloma Valencia denunció todo un entramado de posibles irregularidades que se estarían presentando en el Departamento de Prosperidad Social para pagar favores políticos a algunas empresas que habrían aportado dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Durante la campaña presidencial, en uno de los 'PetroVideos', el senador Roy Barreras asegura que la entidad Supergiros ayudó en la primera vuelta y que podría hacer un aporte adicional de 500 o 1000 millones de pesos en segunda vuelta”, indicó.

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Según Valencia, el Gobierno Nacional le habría pagado ya el favor a esta empresa otorgándole un contrato de más de 20.000 millones de pesos.

“El Gobierno Petro le habría cumplido a Supergiros. El pasado 7 de marzo de 2023, el DPS (@ProsperidadCol) le otorgó el contrato a Supergiros para las transferencias monetarias de TODO, el programa de "Colombia Mayor". Un contrato mayor a los 20 mil millones de pesos”, sostuvo.

La congresista asegura que la administración del presidente Petro demoró la entrega de los recursos de ‘Colombia Mayor’ en enero y febrero, esperando que el contrato le fuera entregado a Supergiros.

Paloma Valencia recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, porque no se reportaron algunas donaciones en efectivo que habrían recibido.

La congresista advierte que “una investigación de la Silla Vacía reveló cómo se usaron los pagos postales -Supergiros-, para hacer pagos a testigos electorales que no fueron reportados”.

Pero no solo eso, la dirigente de la oposición acusó a Cielo Rusinque de haber entregado, mediante contratación directa, todas las transferencias de ‘Familias en Acción’ al Banco Agrario.

“Mediante la resolución 671 de abril del 2023, el Banco estatal Banco Agrario obtuvo el contrato. Esta misma establece que se debe “mejorar la posición negociadora del Estado Colombiano, ahorrarle costos a las entidades”. Pero esto no se cumplió. El contrato con el Banco Agrario se realizó con una tarifa de 3.200 pesos por cada familia a la que se le gira su recurso”, reveló.

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Paloma Valencia advierte que había otras entidades financieras que ofrecían tarifas mucho más bajas, como lo era Davivienda, que apenas cobraba 2.576 pesos.

“Los recursos sociales del Estado están en peligro. Demandaremos las actuaciones de Cielo Rusinque. Y ojo a esto: En la adición presupuestal del gobierno que se encuentra en el Congreso, el DPS será la entidad que más recursos recibirá: cinco billones de pesos adicionales”, indicó.