Doble instancia para aforados, ¿ley ‘Andrés Felipe Arias’?

Y es que, aunque la doble instancia existe hoy en día tanto para los sometidos a la justicia ordinaria como para los aforados –los altos dignatarios que han sido investigados y juzgados por diferentes procesos–, su creación solo se dio a partir de 2018. 

La intención ahora del uribismo es que quienes hayan sido juzgados y condenados entre 1991 y 2018 –entre ellos los condenados por el proceso 8.000 y la parapolítica– puedan acceder a la doble instancia pese a ya haber sido condenados. 

Aún sin llegar el proyecto al Congreso, hay quienes consideran que la propuesta del Centro Democrático tiene nombre propio: Andrés Felipe Arias. Además, sin conocerse detalles de la iniciativa, hay duros reparos. 

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La propuesta  

Fue la senadora Paloma Valencia Laserna quien insistió en la necesidad de promover un proyecto en ese sentido. De acuerdo a la congresista, se necesita tener un juez que vuelva a revisar cualquier proceso de los aforados condenados antes de 2018. 

“Se trata de una segunda instancia donde tenga oportunidad de defenderse ante un juez imparcial que vuelva a revisar su proceso”, señaló.

Así las cosas, todos los congresistas condenados por la parapolítica tendrían el derecho de impugnar estos fallos que ya están ejecutoriados poniendo así en marcha unos temas muy complicados de seguridad jurídica por cuenta de ser incierto dónde están las instituciones y cuál va a ser la infraestructura para revisar estas condenas. 

¿Qué dicen los partidos? 

Frente a esta propuesta se han empezado a sentir las tensiones entre la bancada de gobierno, la oposición y los independientes por la posibilidad o no de ser aprobado el proyecto. 

El senador Antonio Sanguino, integrante de la Alianza Verde, dijo que un principio universal del derecho es que las leyes no son retroactivas. "Creo que difícilmente en el Congreso podría tener éxito este proyecto", señaló. 

A su turno, el senador Luis Fernando Velasco, miembro del Partido Liberal, dijo que los jueces, por sabios que sean, también pueden equivocarse. “En muchos casos eventualmente posteriormente pueden aparecer nuevos elementos de evaluación. Por eso creo que ese derecho fundamental tiene que estudiarse”, aseguró. 

En el mismo sentido, el senador Roy Barreras, parte de La U, dijo que esa propuesta tiene unos costos enormes. “Esto genera una inseguridad jurídica muy grande, por eso sería más fácil que promovieran un proyecto específico para Andrés Felipe Arias”, indicó. 

Y la polémica no para ahí pues la semana pasada se anunció que el Gobierno, la Fiscalía y el Congreso promoverán la ley anticorrupción que quita los beneficios carcelarios para corruptos, iniciativa que recientemente se hundió.  

Al respecto, las críticas no se han hecho esperar. Muchos han recordado que a Andrés Felipe Arias se le permitió el beneficio de permanecer en una guarnición militar y no fue enviado a una cárcel.  

La senadora Angélica Lozano Correa, de la Alianza Verde, dijo que el Gobierno se está utilizando el clamor ciudadano contra la corrupción por populismo. “En realidad no hay un compromiso con estos proyectos y la prueba es que en paralelo mientras se va a radicar un proyecto, también se trae un extraditado lleno de privilegios”, insistió. 

Las autoridades carcelarias han argumentado que la permanencia de Arias en la Escuela de Caballería se da frente a los eventuales líos de seguridad que tiene el exministro.