El decreto que regula posesión y cultivo de drogas con fines médicos, científicos e industriales

El Gobierno Nacional ya tiene listo un marco regulatorio para la autorización de posesión, licencia de cultivo y autorización de uso de semillas de amapola, coca y cannabis, por parte de entidades públicas. 

Cabe mencionar que la vigencia de las autorizaciones se podría extender hasta por cinco años, siendo renovables con solicitud previa del Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, que puede ajustar los tiempos según la naturaleza de las actividades.

La obtención de la licencia y la autorización para el uso de cultivo de plantas como la amapola, cannabis y coca, requieren la participación esencial de dos componentes, entre ellos, una entidad pública y organizaciones campesinas o comunidades étnicas situadas en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

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El decreto establece la creación del Comité Escal para evaluar, dar seguimiento y controlar autorizaciones y licencias relacionadas con estupefacientes. Este comité podrá recomendar medidas al Consejo Nacional de Estupefacientes.

Las licencias posibilitarían la transformación de plantas actualmente vinculadas al narcotráfico en materias primas para la fabricación de productos legítimos como pinturas, alimentos, cosméticos, fertilizantes y gaseosas, entre otros.

“Lo que busca esencialmente este decreto es contribuir a los procesos de reconversión económica y desarrollo rural, bajo un enfoque de justicia social", explicó el Ministerio de Justicia.

La entidad agregó que "es indispensable que las organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicadas en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico, puedan usar estas plantas para la generación de una industria lícita, con la supervisión y el apoyo del Estado".

En el proyecto se destaca que la responsabilidad de las entidades públicas, a través de la verificación de permisos y actividades autorizadas o licenciadas.

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Por ello, se deberá realizar la destrucción de las semillas, plantas, derivados y los productos que no cuenten con autorización.