El lío político y jurídico que tiene al Chocó con dos gobernadores

En el departamento del Chocó se está presentando una difícil situación política y de gobernabilidad por cuenta de la suspensión del mandatario de esa región del país, que enfrenta un proceso por presunta corrupción en la compra de algunos elementos de bioseguridad  durante la pandemia de Covid-19.

El proceso que se le adelanta al gobernador Ariel Palacios y que continúa adelante es por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato, omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por un convenio de alrededor de 200 millones de pesos.

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Sin embargo, un juez le concedió la libertad por vencimiento de términos y por voluntad propia decidió regresar a su cargo sacando a la gobernadora encargada Farlin Perea Rentería, quien denunció recientemente que el funcionario llevó un cerrajero para cambiar las llaves y claves del ingreso a la oficina y desde entonces no ha podido ingresar a las instalaciones de la entidad.

A raíz de esta situación, los dos dirigentes elevaron una consulta para pedir la aclaración del fallo que dejó en libertad a Palacios y en ella se señaló que si bien se le otorgó este beneficio, “no correspondía emitir pronunciamiento en torno a la suspensión del cargo como gobernador del departamento del Chocó del señor Ariel Palacios Calderón”.

Lo mismo señaló el Ministerio del Interior tras una consulta que elevó la gobernadora encargada, en la que se advierte que la decisión que favoreció la libertad del gobernador Palacios no anula el decreto por el cual se le decreta la suspensión del cargo y se designa temporalmente a la mandataria.

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“No es procedente acceder a su petición de dejar sin efecto el decreto 1577 del 5 de agosto de 2022, por el cual se da cumplimiento una decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se suspende al gobernador del Chocó y se hace un encargo; por el contrario, sea esta la oportunidad de precisar que el referido decreto continúa vigente, en lo pertinente a la suspensión del señor Ariel Palacios Calderón, así como el decreto 2646 de 30 de diciembre del 2022, por el cual se designa Gobernador encargado del departamento del Chocó a la señora Farlin Perea Rentería”, indicó el Ministerio el pasado 01 de marzo, cuando al parecer todavía existían órdenes de captura en su contra.

Sin embargo, con posterioridad a esa fecha, en abril se aclaró por parte de la Fiscalía que la medida de aseguramiento que pesaba en contra del gobernador Palacios “perdió vigencia” con la decisión de dejarlo en libertad, lo que llevó al Ministerio del Interior a contestar una nueva petición instaurada por el abogado del mandatario, en la que se señala que ahora sí “se encontraría facultado para hacer uso de sus facultades constitucionales y legales, dada su condición de gobernador electo del departamento de Chocó”.

En medio de este panorama, Ariel Palacios acudió ante una notaría en donde elaboró un documento que señala que al concedérsele la libertad por vencimiento de términos, desaparecieron las motivaciones que lo suspendieron de su cargo y por tal razón, en presencia de algunos testigos, toma nuevamente posesión como Gobernador del Chocó.

Ante esta situación, se supondría que el Ministerio del Interior debería tomar cartas en el asunto y emitir un nuevo decreto, teniendo en cuenta que es esa entidad la que debe encargar mandatarios cuando se presentan faltas temporales o absolutas en algún ente territorial.

Sin embargo, fuentes del Ministerio informaron que es muy posible que en este caso tenga que aplicarse la figura del ‘decaimiento del acto administrativo’, que operaría ante la orden de libertad que se otorgó al gobernador Palacios,, dándole la posibilidad de recuperar su ejercicio como gobernador, pese a que está investigado por hechos de corrupción y sin necesidad de que se emita un nuevo decreto anulando el encargo de la gobernadora Farlin.

No obstante, en la práctica, en este momento el departamento de Chocó existe la sensación de que hay dos gobernadores, lo cual profundiza aún crisis institucional y política que se presenta en esa región del país que ha tenido 13 gobernadores en los últimos 14 años.