El reparo de la MOE a la reforma política: “se rompería el equilibrio de poderes”

En diálogo con La FM, la directora de la Misión de Observación electoral, Alejandra Barrios, hizo fuertes cuestionamientos a algunos apartes de la reforma política presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que representan un grave riesgo para la democracia del país.  

A juicio de la directiva, artículos como el que pretende que los senadores y representantes a la Cámara pasen del poder Ejecutivo al Legislativo, significa una ruptura del balance de poderes, ya que permitiría al gobierno negociar la aprobación de proyectos y reformas, a cambio de ministerios y limitaría el control político de los congresistas. 

“La posibilidad de que los congresistas pasen de ser ministros o directores en el ejecutivo, debilita el equilibrio de poderes y genera unos escenarios de negociación perversos y estas negociaciones le van a salir muy costosas al gobierno, porque se ofrecerían ministerios a cambio de apoyo en el legislativo. Somos una república presidencialista donde es clara la separación de poderes para mantener un equilibrio y control político”, señaló la directora de la MOE.  

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También, hizo un llamado de atención al Congreso por la aprobación del artículo que modifica el apartado 262 de la constitución política, que permite crear listas cerradas, lo que significa que los ciudadanos votarían por el partido y no por el candidato de su preferencia. 

“Si empezamos a tomar decisiones como esta se termina defraudando al elector, porque no está votando por un candidato con el que se identifica, sino que estaría votando por un bloque donde los representantes de la gente se pueden escoger a antojo de los partidos”, puntualizó.  

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Además, dijo que “la eliminación de los umbrales al menos de 15% para hacer coaliciones entra directamente a acabar lo que era el espíritu de las coaliciones que era tener organizaciones políticas pequeñas que pudieran sobrevivir a la competencia electoral”.  

Esos temas, según dice, deberían ser de agenda prioritaria para evitar que las organizaciones políticas, junto con los grupos significativos ciudadanos, puedan hacer de los procesos electorales un juego de ajedrez que termine poniendo en riesgo la gobernabilidad en Colombia.