Funcionarios de Gobierno no están inhabilitados para elecciones de 2019

En los últimos días empezó a circular información en la cual se afirmaba que los ministros, directores de departamentos y demás funcionarios de alto nivel del Estado se encontraban inhabilitados a partir de este mes de julio para presentarse a las elecciones de alcaldes y gobernadores del 2019.

La confusión radica en que algunos sectores interpretaban que la inhabilidad cuenta a partir de la fecha en que se registra la candidatura y no de las votaciones.

Ante esto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, solicitó al Consejo de Estado que aclarara la duda, lo cual el alto tribunal realizó y reveló.

El concepto fue publicado por el ministro en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "Según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, los altos funcionarios del Estado que aspiren a ser candidatos a alcaldías y gobernaciones, deberán renunciar un año antes de la fecha de la elección es decir en octubre de 2018".

Según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, los altos funcionarios del Estado q aspiren a ser candidatos a alcaldías y gobernaciones, deberán renunciar un año antes de la fecha de la elección es decir en octubre de 2018 https://t.co/JK7DXMX23C

— Guillermo Rivera (@riveraguillermo) 27 de julio de 2018

Según el organismo, la inhabilidad de los funcionarios para presentarse a cargos de elección popular cuenta a partir de 12 meses antes de las votaciones, es decir, desde el próximo mes de octubre.

De esta forma, según la Ley 617 del 2000, un candidato no es apto para presentarse a lecciones si en los doce meses antes de las votaciones desempeñó un cargo público.

Esto quiere decir que los servidores públicos en cargo no se verán afectados por terminar el actual periodo presidencial que termina el próximo 7 de agosto. Esta norma también aplica para contratistas con el Estado, es decir, personas naturales o representantes de personas jurídicas que cuenten con algún tipo de relación económica con las entidades estatales.