Gobierno apoyaría proyecto para congelar salario de congresistas

El Gobierno Nacional ve con buenos ojos un proyecto radicado por el Centro Democrático que tiene el propósito de congelar el salario que reciben los congresistas y altos funcionarios del Estado.

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La idea es que se apliquen los principios de equidad y austeridad en el gasto para fijar estas remuneraciones y que incrementen exactamente en pesos y no en porcentaje, lo mismo que sube el salario mínimo.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó los beneficios que traería para el Estado esta iniciativa.

“Hay otra propuesta que presentó el Centro Democrático, encaminada a congelar el aumento de los salarios, que llevaría en el mediano plazo, a disminuir el costo total del aumento y de igualarlo con el resto de los incrementos salariales del país, que en últimas es la medida que se está buscando”, señaló.

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Y añadió: “Ahí se respetan todos los demás sistema salariales que dependen de la fijación del salario de los congresistas, es decir, de la Rama Judicial y algunas otras entidades ajenas al Gobierno”.

La senadora Paola Holguín fue quien radicó en el Congreso el proyecto de ley para congelar el salario de los legisladores. La intención, de acuerdo a la iniciativa, es promover en estos salarios sean fijados con principios de equidad y austeridad en el gasto. 

Junto a Paola Holguín –una de las uribistas purasangre– presentó el proyecto el representante a la Cámara, Juan Espinal, una de las nuevas figuras en el Congreso. 

Sin embargo, similares proyectos se han hundido en varias ocasiones en el Senado y la Cámara por la falta de determinación de los ‘Padres de la Patria’ para autorreformarse. Por eso es poco probable su aprobación. 

Actualmente, el salario de un congresista de la República es de $31'249.680. De haber pasado la consulta anticorrupción este domingo 26 de agosto, su nuevo salario mensual hubiese sido de $19’531.050, lo que representaba una diferencia en pesos para los senadores de $11'718.630.

Algunos expertos en el tema consideraban que la pregunta (1) de la consulta popular tenía un enfoque más orientado a la desigualdad que vive el país por el aspecto salarial, que en sí mismo a combatir la corrupción, factor que ha permeado varios sectores en el país. Cabe mencionar que el salario mensual de un colombiano fijado para este 2018, es de $781,242.

De haber sido aprobada la consulta anticorrupción, y por ende la pregunta número uno, no solo los congresistas habrían tenido una reducción de sus salarios; también aplicaba para funcionarios como ministros, magistrados de las altas cortes, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional del Estado Civil, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo Nacional Electoral, el Auditor General de la República, gobernadores y alcaldes, así como comandantes de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía.