Gobierno debe precisar de manera clara costo real de reforma a la salud: Contralor

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, llamó la atención al Gobierno Nacional sobre la necesidad de precisar de manera clara el costo real de la Reforma a la Salud, a fin de garantizar su implementación, como la sostenibilidad de la misma, en el mediano y largo plazo.

En este sentido, el jefe del organismo de control advirtió sobre la necesidad de depurar y aclarar las deudas entre los diferentes actores del sistema, como requisito previo a la implementación de los nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos, con un proceso de saneamiento efectivo, en los tiempos de transición de un modelo a otro.

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“Esta Contraloría hace un llamado urgente al gobierno nacional para que nos reporte la estructura de costos y los estudios previos en que se ha basado para la proyección de los mismos", señaló Rodríguez. 

Para el contralor, un aspecto crítico evidenciado en el actual modelo de salud es el tema de las deudas de las EPS con los prestadores que, según lo anunciado por la Superintendencia de Salud, estarían en el orden de los $23,3 billones, y conforme los análisis realizados por la CGR con información del más reciente reporte de la Circular 030, con corte a septiembre de 2022, podría ascender a los $26,1 billones.

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Advirtió el contralor que las deudas con los prestadores, a cargo de las EPS que están bajo medidas especiales, corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en procesos de liquidación, con el riesgo de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, toda vez que los activos resultan insuficientes para cubrir sus acreencias.

En el ejercicio de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760, la CGR reportó, con corte a diciembre de 2022, un total de $6.527 millones correspondientes a auditorías en salud, $28.821 millones de actuaciones especiales de fiscalización, $224.248 millones de indagaciones preliminares; además de 524 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $1,3 billones y 102 procesos de jurisdicción coactiva por $1,6 billones

Por lo anterior, se puede señalar que es evidente la materialización del riesgo financiero de las IPS, en la medida que no se garantiza el flujo oportuno y suficiente de recursos, para la prestación del servicio de salud, lo cual, finalmente incide en la calidad de la atención a los afiliados.