Gobierno niega que la jurisdicción agraria busque expropiar tierras: "No existe posibilidad alguna"
El proyecto de Jurisdicción Agraria ha recibido críticas porque estaría facultado para expropiar tierras.
Sigue creciendo la polémica en el país por el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, con el cual se busca resolver los problemas que han existido sobre la tierra en Colombia en los últimos años.
Varios sectores políticos insisten en que la iniciativa permitiría una expropiación exprés de los terrenos en el país, lo cual ha sido desmentido por el Gobierno Nacional.
Al término de un reciente debate que se adelantó en la plenaria del Senado, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, señaló a la oposición de buscar revivir el fantasma de una expropiación inexistente.
“Lo que contiene el proyecto de Jurisdicción Agraria no es otra cosa que los principios del derecho agraria de la Constitución y las especificaciones detalladas de la Ley 160. La utilidad pública ha existido en toda la institucionalidad del derecho agrario y eso no significa ninguna política de expropiación”, indicó.
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Añadió que “por el contrario si recupera y faculta a la Agencia Nacional de Tierras para que administre los bienes de la nación, que es lo más importante. La recuperación de baldíos, la recuperación de ciénagas y playones, todo este esquema que nos permite que sea de manera soberana que el Estado ejerza gobierno en las tierras nacionales".
Harman afirmó que no es cierto que se pretenda expropiar y afectar a los propietarios de las tierras en Colombia. “Definitivamente no existe posibilidad alguna de que se confunda a partir de la expedición de la Ley de Jurisdicción Agraria con cualquier tipo de expropiación exprés como vienen apelando algunos sectores de la oposición”, sostuvo.
No obstante, congresistas como Paloma Valencia insisten en que el proyecto de ley afectará a los tenedores de tierras y legalizará las invasiones en Colombia.
“Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos”, afirmó.
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El debate continúa creciendo y en los próximos días arrancará la discusión del proyecto en la Comisión Primera del Senado de la República.