Gobierno presenta al Congreso propuesta para reformar las comisarías de familia

El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma a las comisarías de familia, con el que se busca garantizar que las víctimas de violencia ocurrida en el contexto familiar, cuenten con atención especializada y oportuna.

Lea también: Durante el periodo legislativo que culminó, el Gobierno radicó 27 proyectos de ley

En la iniciativa se establece la depuración de las funciones de las comisarías, además de mejorar los salarios de los empleados, las condiciones laborales y los horarios de los funcionarios de esas entidades.

También se busca construir una fuente de información que defina cuáles son los casos de violencia a través de cifras y estadísticas.

El Ministerio de Justicia señaló a través de un comunicado, que el objetivo es “crear un sistema de información que permita conocer las cifras de violencia que hoy se encuentran atomizadas y hacer seguimiento a las medidas de protección”.

El proyecto busca establecer que el Ministerio de Justicia esté a cargo de la operación de las comisarías de familia, además de vigilar el cumplimiento de las funciones y aplicar medidas correctivas para ofrecer una mejorar la atención a los ciudadanos.

En Colombia funcionan actualmente 1.273 comisarías de familia en todo el país, que dependen económicamente de las Alcaldías. Sin embargo, son múltiples los problemas que enfrentan a la hora de solucionar los conflictos, ya que el Ministerio de Justicia señaló que más del 80% de estos lugares no cuentan con un equipo interdisciplinario completo, que pueda responder a las necesidades de las personas que acuden a esos lugares para pedir ayuda.

Otra de las dificultades es que en muchas de esa entidades solo está el comisario, lo que ocasiona que los procesos se retrasen o se estanquen.

Le puede interesar: Atacan a piedra horno crematorio que atiende a fallecidos por Covid-19

Con el proyecto, los equipos deberán estar integrados por un comisario, un psicólogo, un trabajador social, un médico y un secretario, quien se encargará fundamentalmente de las funciones administrativas.

La viceministra de Justicia, Juanita López, una de las personas que estructuró el proyecto junto con expertos de la Procuraduría General de la Nación y otras entidades, explicó en su momento que las víctimas no son atendidas como se requiere y padecen nuevamente la agresividad institucional.

“Hay casos de revictimización institucional en los que los comisarios no atienden a la mujer maltratada, a los niños, a los adolescentes y desconocen su versión. Les dicen por ejemplo que no es cierto que los maridos las hayan golpeado, entre otras cosas”, advirtió la funcionaria.

López señaló además que la infraestructura y la ubicación de las comisarías pueden intimidar a las víctimas. “No por intención, sino porque no hay otras posibilidades, la infraestructura o el lugar a donde llegan no es amable. Entonces a las mujeres les da miedo ir allá”, señaló.

La experta dijo que tras una investigación, se identificó que existe un conflicto de competencias entre los defensores y comisarios de familia.

“Hay un problema muy complejo que se relaciona con los conflictos de competencia entre los comisarios y defensores de familia. Estos últimos pertenecen directamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero solo hay en 500 y eso implica que se empiecen a la echar la pelota unos a otros”, aseguró.

De otro lado, la funcionaria manifestó que en la mayoría de las comisarías se atiende a los ciudadanos entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, mientras agregó que esas jornadas no son eficaces.

“No hay inmediatez en la atención, no funcionan 24 horas en todos los casos, ni tampoco los sábados y domingos, que son los días en los que más se registran hechos de violencia por el alcohol”, manifestó.

Vea también: Gobierno asegura que la renta básica es el Ingreso Solidario

Otros proyectos

El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó también el proyecto de ley que crea la especialidad agraria, que hace parte de los compromisos que quedaron consagrados en el acuerdo de paz.

A través de esta iniciativa, se pretende garantizar que los campesinos cuenten con un juez especializado para poder dirimir los conflictos sobre las tierras.

“La iniciativa contiene un modelo de oferta de justicia permanente pensado especialmente para los campesinos del país, que resolverá los conflictos relacionados con la propiedad, posesión, ocupación, uso y tenencia de la tierra (predios rurales públicos o privados)”, explicó el Gobierno.

Por medio de este proyecto, se crea la figura del facilitador que será el encargado de explicar a los residentes de una vereda o corregimiento, cuál es la ruta de acceso a la justicia o cómo resolver los conflictos.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia aseguró que “cuenta con prerrogativas especiales para el acceso a la justicia de las mujeres rurales, privilegia el uso de los métodos de resolución de conflictos como primera opción antes que el litigio”.

También se crea el Sistema Nacional de Conciliación que contará con programas locales de justicia en equidad, priorizando la gratuidad en la prestación del servicio de conciliación con la garantía de acceso para las personas que se encuentren con condición de vulnerabilidad. 

Le puede interesar: Claudia López insta a Corabastos a seguir cumpliendo con protocolos por la pandemia