Iván Cepeda denuncia al fiscal Barbosa por presunta participación en política
Cepeda pide que se investigue las declaraciones públicas hechas por el fiscal Barbosa refiriéndose a Gustavo Petro
El senador Iván Cepeda radicó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, una denuncia penal contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por su presunta participación e intervención en política de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.
En la demanda, Cepeda pide que se investigue si las declaraciones públicas hechas por el fiscal Barbosa en los últimos días refiriéndose al candidato presidencial Gustavo Petro, hacen parte de un debate de interés general o con ellas estaba participando abiertamente en una controversia de carácter electoral.
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Por ejemplo, “declaraciones en las que el Fiscal ha descalificado al candidato presidencial Gustavo Petro. Entre ellas, la decisión del candidato de no renunciar a su curul en el Senado de la República, así como su columna escrita, en calidad de fiscal general de la Nación, 'Nada de perdón social', publicada recientemente en El Tiempo”, expresó el senador.
Asimismo, el senador indicó que “se trata de establecer si las declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, son propias del ejercicio de sus competencias constitucionales o, contrario a esto, constituyen un acto abusivo del derecho, con el propósito de intervenir en la contienda presidencial”, advirtió Cepeda.
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Finalmente, el congresista recordó que el artículo 422 del Código Penal señala que el servidor público que "utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.
“El fiscal general Barbosa ha vulnerado su deber de imparcialidad, así como el principio de moralidad pública, “los cuales sirven de fundamento a la prohibición constitucional y legal de participar en política, según lo dicho por la Corte Constitucional, la que además ha hecho énfasis en que -tratándose de los órganos judicial, de control y electorales-, obra “como una garantía reforzada o adicional de imparcialidad e independencia”, puntualizó Cepeda.