'Jugadita' de Macías abriría la puerta a que congresistas no sean investigados por la Procuraduría

El proceso que adelanta la Procuraduría en contra senador Ernesto Macías, por el denominado caso de la ‘jugadita’ contra la oposición, tuvo que ser suspendido por cuenta de algunos recursos que presentaron sus abogados, los cuales advierten que el Ministerio Público no es competente para continuar esa investigación.

Macías fue denunciado por presuntamente haber violado la ley al tratar de sabotear el discurso de la oposición el pasado 20 de julio, durante la instalación del Congreso.

Sin embargo, será el Consejo de Estado el que determine si la competencia para llevar este caso contra Macías es de la Procuraduría o de la Comisión de Ética del Senado, que también adelanta una indagación por estos hechos.

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Los abogados del legislador uribista han advertido que una persona no puede ser investigada dos veces por el mismo caso y que por ende ese alto tribunal debe definir cuál de las dos instancias es la adecuada para hacerlo.

Algunas fuentes en el Congreso de la República consideran que la decisión que tome ese alto tribunal, puede poner en riesgo la facultad constitucional que tiene la Procuraduría para investigar a los congresistas.

Según se advierte, un fallo desfavorable para el Ministerio Público podría abrir la puerta para que de aquí en adelante, cualquier congresista indagado en ese organismo de control, acuda a la figura de colisión de competencias para zafarse de sus investigaciones disciplinarias.

Tres posturas jurídicas

Consultamos algunos abogados expertos que tienen consideraciones distintas sobre esta nueva tesis que surge con el caso de Macías.

Para el jurista Francisco Bernate, es evidente que se está poniendo en riesgo la competencia que hoy tiene la Procuraduría para indagar a los funcionarios elegidos por voto popular, entre ellos, los parlamentarios. 

“Si la decisión en este caso es que las investigaciones disciplinarias contra los congresistas son de competencia de la Comisión de Ética del Congreso, más que abrirse un boquete, lo que se abre es una nueva línea en la que la Procuraduría perdería su competencia para investigar disciplinariamente a los congresistas”, manifestó.

Otros, como el constitucionalista José Gregorio Hernández, advierten que dicha facultad que tiene el Ministerio Público sobre los senadores no se puede perderse por una simple colisión de competencias, porque eso sería violar la Constitución.

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Según Hernández, la Procuraduría puede investigar a los legisladores de forma prevalente sobre cualquier otra institución como la Comisión de Ética del Congreso.

“Ejercer preferentemente el poder disciplinario significa, que ese poder de la Procuraduría prevalece sobre cualquier otra forma de control, al ser preferente, quiere decir que está por encima, es superior a cualquiera otra forma de control. A mi juicio, el procurador general o por medio de sus delegados es quien está habilitado para ejercer vigilancia superior sobre la conducta de quienes desempeñen funciones públicas”, manifestó.

Pero hay una tercera opinión intermedia que se basa en la nueva ley 1828 de 2017. El abogado y constitucionalista Juan Manuel Charry considera que si bien la Procuraduría no pierde la competencia para investigar congresistas, la misma solo puede aplicarse cuando los legisladores cometen actos por fuera del ejercicio de sus funciones.

Esto quiere decir que de las faltas disciplinarias cometidas dentro del recinto del Capitolio y en desarrollo de su actividad legislativa, se hace cargo la Comisión de Ética, lo cual le daría un poco la razón a los abogados de Macías.

“Fue la ley la que estableció una nueva autoridad disciplinaria para los congresistas en ejercicio de sus funciones y dejó una competencia residual para la Procuraduría en el sentido de que lo que no esté en el Código Disciplinario y no sea competencia de la Comisión de Ética, es competencia de la Procuraduría”, indicó.

Lo que dice la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación ha advertido que la solicitud presentada por los abogados de Ernesto Macías no es procedente y defiende su competencia para indagar a los congresistas.

En el concepto que presentó el Ministerio Público al Consejo de Estado, el organismo de control señala que el conflicto de competencias que se pretende generar no es procedente. 

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“La defensa de Ernesto Macías no está legitimada para plantear ante la Sala de Consulte y Servicio Civil del Consejo de Estado un conflicto positivo de competencias administrativas, por lo que se solicita su rechazo (…) En el presente caso no existe un non bis in ídem (cuando una persona es juzgada dos veces por el mismo hecho), del cual pueda predicarse una vulneración a las garantías fundamentales del señor Ernesto Macías Tovar”, indica.

Aún es incierto el futuro de la investigación disciplinaria en contra del expresidente del Congreso Ernesto Macías. El Consejo de Estado debe determinar en los próximos días si el polémico caso de ‘la jugadita’ se queda en la Procuraduría o definitivamente debe avanzar en la Comisión de Ética del Senado.