Magistrada Alba Lucía Velásquez descalificó al CNE para investigar a Petro: "No es competente"
Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez fueron las únicas magistradas que salvaron su voto en la formulación de cargos contra la campaña Petro.
La decisión del Consejo Nacional Electoral de formular cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato y de abrir una investigación formal a su campaña de 2022, no fue unánime.
Las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, cercanas al Pacto Histórico, salvaron su voto, al considerar que este tribunal no tiene las competencias para investigar a un jefe de Estado en ejercicio.
“Mi postura respecto a la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral sobre si debemos o no investigar al presidente ha sido clarísima. Yo no estoy de acuerdo, el CNE no tiene la competencia y me mantengo en esa postura”, aseguró la magistrada Velásquez.
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La funcionaria agregó que a quien le corresponde investigar y sancionar al presidente Petro es el Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusación.
“Las autoridades competentes para conocer la investigación del señor presidente son la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y si hubiese razones jurídicas, el Senado sería quien le impondría la sanción correspondiente”, afirmó.
La magistrada explicó que, pese a que los ponentes Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz seguirán con el proceso de investigación, mantendrá su postura hasta el final.
“Hay que esperar que los ponentes sigan el proceso y, al final, tomen la decisión que consideren pertinente de acuerdo con lo que han investigado, las pruebas que están en el expediente y lo que los apoderados o los defensores de las partes procesales aporten al proceso”, aseguró.
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Cabe mencionar que la ponencia elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, obtuvo siete votos a favor, lo que permitirá que en el marco de una investigación formal se inicie la etapa probatoria, en la que serán citados los involucrados en la campaña, entre ellos el presidente Gustavo Petro y su defensa, quienes tendrán que entregar las pruebas que desvirtúen el proceso.