Magistrados del Consejo de Estado no asistirán a la posesión con el presidente Petro
Magistrados del Consejo de Estado se posesionarán sin presencia de Gustavo Petro, reflejando tensiones entre poderes en Colombia.

El próximo martes 4 de febrero, tres magistrados del Consejo de Estado se posesionarán ante la Sala Plena de ese tribunal, lo que representaría la segunda ocasión en la que magistrados de los altos tribunales no se presentan ante el presidente Gustavo Petro.
Los magistrados que asumirán sus funciones son: Juan Camilo Morales, quien ocupará un puesto en la Sección Segunda; Adriana Polidura, quien se integrará a la Sección Tercera; y Luis Antonio Rodríguez, quien se unirá a la Sección Cuarta.
La ceremonia de posesión tendrá lugar en la sede del Consejo de Estado, sin la presencia del primer mandatario.
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Este cambio en el protocolo resalta las tensiones entre el Gobierno Nacional y el poder judicial, pues a finales de 2024, todos los magistrados del Consejo de Estado emitieron un pronunciamiento en respuesta a declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó varias de las sentencias emitidas por esta corte.
El pronunciamiento del Consejo de Estado, realizado en conjunto con la Sala Plena, rechazó los comentarios de Petro y defendió la independencia judicial.
“Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”, declaró el expresidente Milton Chávez.
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“La corporación reclama que las altas dignidades del Estado, en sus manifestaciones, sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen, como corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho”, concluyó el pronunciamiento del Consejo de Estado.
Este no es el primer caso de una posesión ante una Sala Plena. En 2023, el magistrado José Joaquín Urbano de la Corte Suprema de Justicia también optó por tomar posesión de su cargo ante la Sala Plena de su respectiva corporación, en lugar de hacerlo ante el presidente de la República.
Este cambio en los procedimientos refleja las tensiones existentes entre las distintas ramas del poder en Colombia y subraya la importancia de mantener la independencia judicial en el país.