Mario Castaño, expulsado del Partido Liberal

El Partido Liberal informó este viernes, a través de un comunicado, que el Consejo Nacional de Control Ético decidió "por unanimidad" expulsar a Mario Castaño "por las faltas gravísimas cometidas" como senador.

Castaño fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 16 de junio, a 15 años y 11 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, estafa agravada como determinador, peculado por apropiación consumado, peculado por apropiación en grado de tentativa como determinador y concusión en calidad de autor.

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"El Consejo de Control Ético lamenta que estos comportamientos se presenten en la actividad política nacional que desdibuja la confianza ciudadana en las personas que ostentan la representación en los cuerpos colegiados", expresó el partido.

Castaño tiene que cumplir su condena en prisión y pagar una multa 11.968,54 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época en que cometió los hechos por los que fue condenado, así como 1.060 millones de pesos adicionales. Sumado a esto, no podrá ejercer cargos públicos durante los 15 años y 11 meses que dura su sentencia.

Las marionetas de Mario Castaño

Entre los años 2020 y 2022, Castaño se valió de su poder como senador para liderar "una organización delictiva" y "tener contacto" con alcaldes  funcionarios para "interferir en diferentes procedimientos administrativos y de contratación que le facilitaron a la organización alcanzar su cometido delictivo y obtener provecho ilícito en detrimento del patrimonio del Estado", de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia. Este caso se conoce como las 'marionetas'.

De acuerdo con el alto tribunal, el excongresista influyó para que Nova Lorena Cañón Reyes y James Peña Garzón engañaran a funcionarios del Ministerio de Cultura para desviar dineros de la Escuela Taller Salamina a las arcas del propio Castaño y de otras personas involucradas.

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Además, Castaño "instigó" a Santiago Castaño Morales y Juan Carlos Martínez, entre otros integrantes de su organización delictiva, para que se quedaran con 1.560 millones de pesos de un contrato de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

El exsenador hizo lo mismo con Morales y Martínez para quedarse con recursos destinados la construcción de canchas sintéticas en los municipios de Piendamó y Balboa, explica la Corte.