Nueva dirección colegiada del Polo Democrático sería ilegal

El exsenador Alexander López renunció a la dirección del partido Polo Democrático Alternativo, que ocupaba desde desde el 17 de mayo de 2021, luego de aceptar el cargo como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. 

La noche del lunes 11 de mayo, el Comité Ejecutivo Nacional realizó una reunión extraordinaria para designar su reemplazo. Sobre la mesa surgió la propuesta de crear una dirección colegiada conformada por seis copresidentes, tal como el Partido de la U y la Alianza Verde.

Le puede interesar: Petro ordena a Carlos Carrillo “investigar a fondo” posibles hechos de corrupción en la UNGRD

La primera polémica de la reunión surgió porque no todos estuvieron de acuerdo, pues consideran que una dirección compuesta solo por 30 personas, no puede tener un presidente por cada cinco militantes. 

No obstante, la mayoría secundó la propuesta y se procedió con la elección de Marylen Serna, Carmen Quitián, Alberto Benavides, Alirio Uribe, Alejandro Ocampo y Patricia Molina. 

Tras conocerse la imagen con los elegidos, el representante Alejandro Ocampo emitió un comunicado asegurando que “yo no he aceptado ser ni postulado, ni nombrado en una copresidencia de seis personas en el Polo Democrático. yo no participé en la reunión del Comité Ejecutivo realizada el 11 de marzo”. 

Según Alejandro Ocampo, la figura de los ‘copresidentes’ es ilegal porque los estatutos del partido no la contemplan y lo que esto refleja es “la fragmentación, falta de acuerdos, falta de confianzas, luchas internas de micro-poderes y poco compromiso con las bases del partido”. 

Sin embargo, no es la única polémica que rodea la elección ya que dentro del cuadro de copresidentes hay una con cuestionamientos públicos que aún no han sido aclarados. 

Más información: Presidencia firma contrato por $1.200 millones para producir ediciones del periódico del Gobierno

Se trata de Patricia Molina, exconcejal de Cali, quien fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, por supuestamente quitarle gran parte de su salario a varios integrantes de su equipo de trabajo en al corporación.

De hecho, Molina no recibió el aval del partido para las elecciones del 29 de octubre de 2023, porque no se había definido su situación jurídica.