"Objetar Ley Estatutaria de la JEP es una irresponsabilidad con el futuro del país"
Carlos Antonio Lozada, integrante del partido Farc, aseguró que detrás de la decisión está el Centro Democrático.
Carlos Antonio Lozada, integrante del partido Farc, dijo en LA FM que la objeción a la Ley Estatutaria de la JEP es un acto irresponsable por parte del presidente Iván Duque.
"Objetar es una irresponsabilidad para con el futuro del país. Lo que se esconde es la decisión del partido Centro Democrático y de una élite de este país de impedir que funcione la Jurisdicción Especial, es que es desconocer flagrantemente los compromisos del Estado. No solo eso, es irse de frente contra decisiones de la Corte Constitucional", señaló Carlos Antonio Lozada.
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Según dijo, Duque también se pone en contravía con la comunidad internacional, toda vez que los artículos demandados ya fueron fallados por la Corte Constitucional. "Se quiere impedir que funcione la Jurisdicción Especial para la Paz", aseguró Lozada, al argumentar que si el tribunal no funciona las víctimas no conocerán la verdad sobre el conflicto armado en Colombia.
A su juicio, no se puede pretender que unos acuerdos de Estado se puedan modificar cada vez que a un presidente se le ocurra. En este caso, aseguró, "estaríamos en la ley de la selva". El congresista, otrora guerrillero, no dejó claro si cuando él asistió a comparecer ante la JEP dijo toda la verdad respecto a lo que aconteció en el marco del conflicto. Ello, tras su primera aseveración en el sentido de que objetar la Ley Estatutaria busca impedir que se conozca dicha verdad.
Carlos Antonio Lozada, senador del partido Farc
El presidente, Iván Duque, objetó el domingo seis artículos de la ley que regula el sistema de justicia transicional, creado en el pacto de paz para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
"He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente", declaró el mandatario en una alocución televisada.
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La llamada ley estatutaria de la JEP, aprobada por el Congreso en noviembre de 2017 y enviada el pasado 11 de febrero a la presidencia para su sanción o objeción, es parte del modelo de justicia acordado en Cuba entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla Farc.
El mandatario aseguró que las objeciones buscan "corregir" el texto acordado en La Habana "sin ánimo de polarizar". Y agregó: "No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz, pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
A su turno, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró que la entidad "seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones", en espera de una decisión definitiva sobre la ley. Entre tanto, el líder máximo de la exguerrilla Farc, Rodrigo Londoño, respondió minutos después en Twitter. "El llamado más que nunca es a defender el acuerdo de paz, nuestro compromiso es con cada colombiano en cada lugar del país", escribió.
Los reparos tienen que ver con el futuro de los excombatientes reincidentes en delitos después de la firma del acuerdo de paz, la posibilidad de que la Fiscalía avance en diligencias mientras la justicia de paz toma decisiones, el tratamiento de los delitos de lesa humanidad y la extradición.
Por otro lado, Duque anunció que presentará una reforma constitucional al acto legislativo que creó la JEP, que incluirá la exclusión de delitos sexuales contra menores de edad, la pérdida de beneficios para quienes reincidan en actividades delictivas y la competencia de la fiscalía frente a los delitos cometidos antes del primero de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose.
La ley estatutaria pasará a manos del Congreso, donde el Gobierno no cuenta con mayorías. El pacto de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.
Duque asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de modificar lo acordado por su antecesor, el premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, y la que fue la guerrilla más poderosa de América, por considerarlo indulgente con los guerrilleros.